Ushuaia 27 de marzo 2019.- En el milenio pasado, hace más o menos 20 años, la Caja de Jubilaciones de Tierra el Fuego tenía superávit, pero “PASARON COSAS” —al mejor estilo del “pasaron cosas”— y la caja se desfinanció.
Alguien pensó que era buena idea “extraer” 208 millones de dólares y ofrecerlos al Banco de la Provincia para garantizar préstamos a los amigos del poder que, por supuesto nunca se recuperaron; en la Legislatura se pensó que una ley que reconozca a los trabajadores fueguinos sería buena idea y la Ley de 25 inviernos permitió la jubilación de personas de cuarenta y pico de años. Ni hablar de las jubilaciones con cinco años de aportes facilitadas por la ley 460 y las sentencias judiciales basadas en lagunas legales nunca resueltas por la Legislatura Provincial.
Parece que esto requiere mucho tiempo, pero no, bastaron 4 años de manfredottismo y 2 años de coccarismo para hacer este desastre que hoy todos/as los/as fueguinos/as y los/as jubilados/as de la Caja en particular estamos pagando. Luego, el megapase de Colazo dio un poco de oxígeno a corto, muy corto plazo y luego: la debacle.
Durante cinco años y medio fue imposible cumplir con la obligación de abonar las jubilaciones en un solo pago. De ellos, dos y medio corresponden a la gestión de Fabiana Ríos y tres a la de Rosana Bertone.
Durante la Gestión Ríos se presentaron ocho proyectos de reforma a la ley de jubilaciones, se podría analizar alguno de ellos aquí, pero ya no importa, no fueron aprobados, ni siquiera tratados. Los legisladores de la oposición —hoy oficialistas— vociferaban que no harían nada sin el acuerdo de los trabajadores.
La administración del Instituto de la Seguridad Social de Tierra del Fuego estuvo dirigida por un directorio compuesto por un conjunto de actores, representantes de los trabajadores activos, de los trabajadores pasivos, del estado provincial y del estado municipal. En la última etapa, los representantes de los trabajadores activos en el directorio (Recabal, García y Ledesma), se negaron sistemáticamente a cualquier reforma porque no querían pagar “el costo” y Pincol (representante de los trabajadores pasivos) se alineó con con esa posición, sin negar la complicidad de Mansilla (representante del Municipio de Ushuaia), cuyo único fin en el Directorio fue denostar a la entonces Gobernadora Ríos. Así las cosas, pasaron 8 años, tres directorios, dos presidentes, dos legislaturas y ninguna de las propuestas de reformas pudieron concretarse. Los que se oponían tampoco presentaron otras. Ninguna.
Cuando en 2015 asume la gobernación Rosana Bertone, la situación era la descripta anteriormente, pero al parecer, los cambios de gobierno generan cambios de mentalidades. Al Directorio del entonces IPAUSS, le quedaba un año de mandato, pero la Legislatura era mayoritariamente oficialista y estaba dispuesta a todo por “salvar” a La Caja.
Cambió la Ley en enero de 2016 y el “olvido” de quienes no iban a vulnerar derechos hizo que se introdujeran cambios significativos en la ley de jubilaciones provincial. Las modificaciones más sustanciales se produjeron en la forma de determinación del haber inicial: cambios en la edad jubilatoria (mujeres 51 años de edad + 26 años de servicios con aportes y varones 56 años de edad + 30 años de servicios con aportes); cambios en la forma de calcular el 82% (porcentaje a cobrar como monto de jubilación de acuerdo a los aportes realizados a lo largo de la trayectoria como trabajador activo); cambios en la aplicación de la movilidad (movilidad semestral y con una fórmula que pretende ser el 82% del aumento aunque se afirma que es menor); y la imposición del aporte solidario (un descuento que pagan los jubilados y que administra de manera discrecional el ejecutivo provincial). Claramente ninguna de estas modificaciones beneficiaba la situación de los/as trabajadores/as jubilados, sino que por el contrario, representó un retroceso significativo en sus derechos.
Se transitaron tres años sin aumentos en haberes de activos y pasivos, prácticamente, entonces la nueva determinación del haber, más el cálculo de la movilidad, más la inflación, más la devaluación de la moneda nacional han provocado un retroceso en lo salarial que ronda el 120%, y en las jubilaciones de casi 150%.
Entre las cosas que dijo Bertone el último 1 de marzo, en su discurso de Apertura de las Sesiones Legislativas, hubo un dato que llamó particularmente la atención. El juez manfredottista Hutchinson, jubilado con cinco años de aportes, sin fijar residencia en la provincia, percibe $325.000. Este dato es actual y confiable ya que proviene de la Primer Mandataria. Entonces, no se pueden evitar las preguntas. En el año 2015 la diferencia entre el histórico juez jubilado que cobra la mayor remuneración de la provincia y el jubilado que menos cobraba era de 10 a 1, a valores actuales esa relación cambió, es decir si entendemos que el jubilado que menos gana no llega a los $20.000 y el juez percibe lo que dijo la primer mandataria fueguina, esa relación hoy es 16,5 a 1; es decir que por cada 1 peso que cobran los que menos ganan y que seguramente han aportado al menos 25 años, un juez que solo aportó 5 años percibe $16,5, con lo cual cobra la disparatada suma de $325.000 que anunció la Sra. Gobernadora como si ella no tuviera nada que ver.
El sistema es más injusto, los jubilados más pobres, los trabajadores tienen que aportar más y más años, los privilegios se sostienen, entonces ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Para qué todo el esfuerzo de los jubilados en estos tres años? ¿Para qué resignar derechos que exclusivamente han servido no solo para sostener, sino para acrecentar los privilegios de algunos?
Desde el 1 de marzo de 2019 los jubilados han esperado el decreto de Asignación Transitoria de Carácter Social hasta julio, que anunciara la Sra. Gobernadora, en un claro reconocimiento del atraso salarial de los jubilados y de que la ley propuesta por el oficialismo bertonista deja a los jubilados a merced de la buena voluntad de los gobiernos y no a los derechos que durante tantos años se consiguieron. El Decreto 645/19 otorga “Asistencia Social Transitoria” a los jubilados de la provincia, y a esta altura no se puede menos que pensar ¿a esto hemos llegado?
En el Decreto que firmó estos últimos días la Gobernadora se nos cuenta una historia que es, a todas luces, una mentira. En el primer considerando vuelve a afirmar que los jubilados pasaban dos meses sin cobrar, lo cual no es cierto; que por ello se debieron sancionar leyes de modificación del régimen previsional fueguino, lo cual tampoco es cierto; también reconoce en los considerandos que una actualización cada seis meses resulta insuficiente, y que deben tomarse medidas para proteger el poder adquisitivo de los jubilados. El Decreto se basa en mentiras, es discrecional y vulnera los derechos adquiridos de los jubilados. Omite el descalabro que se generó en la caja entre 2000 y 2004, cuando gobernaba el justicialismo manfredottista la provincia a la vez que no reconoce los derechos de los jubilados.
Alguna vez la Gobernadora MC Ríos afirmó que el IPAUSS abortaría cualquier posibilidad de gestión de cualquier gobierno; la abogada Bertone puso en la espalda de los trabajadores no solo el sostenimiento de la Caja, sino el sostenimiento de los privilegios que otorgó el manfredottismo, además de la jubilación del propio gobernador MC Carlos Manfredotti, sin requisitos para jubilarse en la caja provincial por falta de aportes, y en la caja nacional por falta de edad y que, por supuesto, estamos pagando todos.
Sra. Gobernadora Bertone, no “PASARON COSAS”, denominar así a los hechos políticos que realizan las instituciones, desresponsabiliza a los actores y actrices que los resolvieron en el sentido que lo hicieron. Puede contar las cosas como quiera, tiene el poder para hacerlo. Pero el relato sin fundamentos no cambia los hechos y su ocultamiento deliberado no los hace desaparecer.
Es necesario, una vez más y siempre, pensar la Caja, sus parámetros de justicia, sus números. Para las trabajadoras y trabajadores tiene un valor primordial la seguridad social y para los gobiernos representa un desafío mantenerla a flote, aun así, no puede ser a costa de los primeros que los segundos obtengan su gobernabilidad.
