Ushuaia 12 de mayo 2025.- La síndica titular de Terra Ignis, Dra. Constanza Carro, rompió el silencio este martes en diálogo con El Cronista Urbano, y respondió a las recientes declaraciones del contador Rafael Pereyra Ramos, quien reconoció que la sociedad estatal realizó gastos relevantes sin iniciar actividades. Carro fue categórica al advertir sobre una preocupante “confusión deliberada” entre gestión privada y empresa privada, y denunció una grave falta de transparencia en el uso de fondos públicos.

“La situación es exactamente la misma: yo sigo siendo síndica titular porque mi remoción no fue tratada ni aprobada por la Legislatura”, aclaró Carro. Según explicó, el Ejecutivo provincial propuso reemplazarla por el Dr. Zenik, actual síndico suplente, pero el proyecto fue girado a comisión y no obtuvo votación en la sesión de fines de abril.

Además, la síndica reveló que Terra Ignis notificó formalmente a la Legislatura que no brindará más información “porque se considera una empresa privada”, algo que calificó de inaceptable: “Esto es gravísimo. Terra Ignis es una empresa pública de gestión privada, no una empresa privada. Está capitalizada al 100% con fondos públicos y, por ley, el Estado debe conservar la mayoría accionaria”.

Carro explicó que si bien la gestión puede regirse por normas del derecho privado, como la Ley de Contrato de Trabajo, los funcionarios que manejan fondos públicos están alcanzados por el artículo 77 del Código Penal y tienen deberes de rendición de cuentas.

“Lo que está diciendo el presidente de la empresa es un delirio jurídico: que como es gestión privada, no rinde cuentas. Eso implica desconocer la ley que creó la empresa. Si quiere eso, que vaya a la Legislatura a pedir una nueva ley donde diga que la plata la pone la provincia, pero nadie controla. Es una locura”.

En relación al polémico ingreso de documentación a la Legislatura, Carro también se mostró crítica. Aseguró que recién el 30 de abril se presentó una nota con fecha 23 de diciembre de 2023, sin que mediara trámite de mesa de entrada ni conocimiento previo de los legisladores. “Eso no es transparente. No puede aparecer una nota cinco meses después como si nada. Hubo pedidos formales de información y nunca se presentó nada. Recién ahora aparece un supuesto informe del ejercicio 2023”.

En ese sentido, también desmintió a su colega en la sindicatura, Rafael Pereyra Ramos, quien había afirmado públicamente que la comisión fiscalizadora no objetó la falta de capital integrado. “Es falso. El informe que firmamos juntos dice claramente que al 31 de diciembre de 2023 no había ni ingresos ni egresos en la cuenta de la sociedad. Eso incluye el capital. Lo dejamos asentado expresamente”.

Consultada sobre posibles acciones legales, Carro señaló que el tema está en tratamiento en comisión legislativa, pero advirtió que los responsables del manejo de fondos públicos son penalmente responsables. “Si se demuestra que hubo desvíos o incumplimientos, debe intervenir la Justicia. No estamos hablando de fondos privados, estamos hablando de la plata de la gente”.

Finalmente, insistió en la necesidad de respetar los principios de control y fiscalización que establece la ley para empresas públicas: “No puede haber un manejo unilateral y discrecional de una empresa que fue creada por ley, que recibe millones del Estado y que se niega a informar qué hace con esos fondos. Es inaceptable y profundamente preocupante”.