Río Grande 25 de junio 2026.- La investigación judicial por la violenta agresión sufrida por tres internos en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande sumó nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre una posible responsabilidad del personal penitenciario. Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario, las víctimas continúan negándose a declarar por temor a represalias, lo que mantiene paralizada una de las pruebas consideradas clave para el avance del expediente.
La causa está a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y del fiscal Mayor Martín Bramati. Inicialmente se centró en las graves lesiones sufridas por Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18, quienes fueron brutalmente golpeados el pasado 9 de mayo tras ser alojados en el pabellón B de la unidad penitenciaria.
Sin embargo, con el avance de la investigación el expediente dejó de enfocarse únicamente en los internos señalados como autores materiales y comenzó a analizar la posible participación u omisión deliberada de agentes del Servicio Penitenciario Provincial.
Sospechas sobre la actuación del personal penitenciario
De acuerdo con la hipótesis judicial, al menos diez internos participaron de la agresión, que se habría prolongado durante aproximadamente dos horas sin una intervención efectiva de los agentes de guardia.
Los investigadores intentan determinar si existió algún grado de connivencia entre internos y penitenciarios, o incluso una asociación ilícita destinada a facilitar los hechos. En ese marco, siete agentes penitenciarios, entre ellos el director del penal, Raúl Ciares, permanecen imputados por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales.
Uno de los elementos que fortalece esa línea investigativa son registros fílmicos que mostrarían que el personal no intervino para detener la golpiza pese a contar con posibilidades de hacerlo.
También generó sospechas la explicación brindada inicialmente por el Servicio Penitenciario, que sostuvo que no había podido identificar a los agresores, pese a tratarse de un establecimiento equipado con cámaras de vigilancia y monitoreo permanente.
Allanamientos y teléfonos secuestrados
El pasado 10 de junio la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos: siete en domicilios de agentes penitenciarios y uno dentro del propio pabellón donde ocurrió el ataque.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa. Además se realizaron inspecciones y registros fotográficos en el pabellón, donde habrían sido detectadas manchas de sangre.
Ahora los investigadores esperan que el análisis de los dispositivos electrónicos permita reconstruir comunicaciones entre internos y personal penitenciario antes, durante y después de la agresión.
Las víctimas siguen sin declarar
Uno de los principales obstáculos para el avance de la causa continúa siendo la imposibilidad de tomar declaración testimonial a los tres internos agredidos.
Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía Central de Ushuaia por razones de seguridad, donde un equipo interdisciplinario del Poder Judicial intentó entrevistarlos.
No obstante, un informe psicológico desaconsejó avanzar con las declaraciones debido al temor extremo manifestado tanto por las víctimas como por sus familiares, quienes ya prestaron testimonio ante la Justicia.
Como consecuencia, la audiencia fue suspendida sin una nueva fecha definida.
Recusan al fiscal Bramati
En paralelo, la investigación sumó un nuevo frente judicial luego de que la defensa oficial de los siete penitenciarios imputados solicitara el apartamiento del fiscal Mayor Martín Bramati.
La recusación se apoya en una denuncia presentada días atrás por Ariel Ciares, titular del Servicio Penitenciario Provincial y hermano del director del penal imputado, quien sostuvo ante el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura que Bramati mantiene una relación de pareja con una oficial penitenciaria actualmente sumariada y en disponibilidad.
Según la presentación, esa circunstancia podría afectar la imparcialidad del representante del Ministerio Público Fiscal.
Ahora será el propio Bramati quien deberá responder los planteos formulados, mientras que la decisión final sobre su continuidad en la causa quedará en manos de la jueza Cecilia Cataldo.
Una investigación cada vez más compleja
La causa dejó de circunscribirse a una pelea entre internos y se transformó en una investigación de mayor alcance que busca determinar si existió una estructura de colaboración entre algunos reclusos y miembros del Servicio Penitenciario para permitir la agresión.
Mientras continúan las pericias sobre el material secuestrado y permanecen suspendidas las declaraciones de las víctimas por razones de seguridad, el expediente sigue bajo secreto de sumario y sin una definición sobre las responsabilidades penales de los diez internos investigados y los siete funcionarios penitenciarios imputados.
