Ushuaia 28 de septiembre 2025.- La síndica titular de Terra Ignis Energía S.A., Dra. Ana Constanza Carro (Matrícula CPAU – 892), designada en representación de la Legislatura provincial, cuestionó públicamente la decisión de la última Asamblea General Extraordinaria de la empresa, publicada en el Boletín Oficial del 8 de septiembre, donde se dispuso su remoción por supuesta incompatibilidad.

En una presentación formal, Carro calificó la medida como “manifiestamente ilegal e irregular”, al sostener que la sustitución de un síndico legislativo es una facultad exclusiva de la Legislatura, según lo establece la Ley N.º 1423. Recordó, además, que en ocasiones anteriores estos reemplazos se realizaron con la intervención expresa del Parlamento y no por decisión unilateral de los accionistas.

Denuncia de irregularidades

La síndica advirtió que su remoción busca “obstaculizar las funciones de control y fiscalización” que ejerce en nombre del Poder Legislativo. También remarcó que Terra Ignis es una sociedad íntegramente capitalizada con fondos públicos y que los otros dos síndicos responden al Ejecutivo, lo que limita la independencia del órgano de control.

En ese marco, señaló que ya informó de la situación a la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, organismo que emitió la Resolución N.° 68/25. Allí, el fiscal advirtió sobre múltiples irregularidades de la empresa:

  • Demoras en los estados contables y morosidad en la rendición de cuentas.

  • Falta de transparencia en contrataciones estratégicas y convenios, como el firmado con Sullair.

  • Opacidad en la información sobre remuneraciones de directivos y asesores.

  • Riesgos de que el manejo societario derive en pérdidas patrimoniales y conflictos legales.

 

“El accionar de Terra Ignis Energía S.A. no solo vulnera principios de transparencia, sino que expone al Estado fueguino a consecuencias económicas y legales de gran magnitud”, expresó Carro, citando el dictamen de la Fiscalía.

Presentación en la IGJ y continuidad en funciones

La representante legislativa confirmó que el 22 de septiembre presentó la documentación correspondiente ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se disponga la intervención de la sociedad o, en su defecto, la convocatoria judicial a asamblea.

Finalmente, precisó que su mandato vence el 31 de diciembre de 2025, pero pidió a la Legislatura que designe con antelación a su sucesor para asegurar la continuidad del control institucional sobre Terra Ignis.

“Mi obligación es garantizar la legalidad y la transparencia en el manejo de una empresa que administra recursos públicos. No se trata de un cargo personal, sino de una responsabilidad que el Poder Legislativo se reservó para asegurar el control democrático”, concluyó Carro.