Ushuaia 14 de diciembre 2025.- En 2021, Gustavo Melella defendía con firmeza una postura que fue presentada como histórica: la sanción de la Ley 1355, que prohibió la salmonicultura en aguas abiertas de Tierra del Fuego. No lo hacía —según sus propias palabras— desde un ambientalismo dogmático ni desde una negación del trabajo, sino desde una mirada estratégica sobre el desarrollo provincial. “No es que en Tierra del Fuego digamos que el salmón es el demonio”, aclaraba entonces. El eje estaba puesto en la protección de un ecosistema único y, sobre todo, de una matriz productiva propia: mejillones de calidad excepcional, centolla, recursos naturales ligados al Canal Beagle y a los lagos fueguinos. Para Melella 2021, el ambiente no era un obstáculo al desarrollo, sino un valor agregado que debía cuidarse porque un daño —como el ocurrido en Chile— sería irreversible.

En aquel momento, el gobernador marcaba un límite claro: no a la producción tradicional de salmones en jaulas en aguas provinciales, sí a discutir otras formas productivas en tierra o bajo sistemas alternativos. La ley, insistía, no era “ambientalista” en el sentido militante del término, sino una norma de protección de la producción existente y del patrimonio natural fueguino. Trabajo y ambiente no eran variables en pugna, sino dimensiones que debían pensarse juntas.

Cuatro años después, el discurso cambió de manera sustancial. En 2025, Melella coloca a la ley de acuicultura entre las prioridades legislativas y la presenta como una necesidad económica, especialmente para la zona norte de la provincia. El acento ya no está en el riesgo ambiental irreversible ni en la singularidad del Canal Beagle, sino en la urgencia de “generar trabajo”, “sostener la producción” y evitar la caída de los ingresos provinciales. El gobernador advierte que no se puede tolerar más pérdida de empleo y dirige sus críticas hacia sectores ambientalistas, a quienes acusa de oponerse con “spots simpáticos o lemas lindos”, sin conocer en profundidad los proyectos, e incluso de responder a financiamientos externos que buscarían frenar inversiones.

La comparación es inevitable. El Melella de 2021 pedía leer más allá de los títulos y no reducir el debate a una falsa dicotomía entre empleo y ambiente. El Melella de 2025, en cambio, coloca esa dicotomía en el centro del escenario y corre el eje del debate hacia la necesidad económica, señalando a quienes cuestionan la salmonicultura como un obstáculo para el desarrollo.

No se trata solo de un cambio de énfasis, sino de una redefinición política del problema. Donde antes había cautela frente a un modelo productivo con antecedentes negativos, ahora hay urgencia por atraer inversiones. Donde antes el ambiente era presentado como un activo estratégico irremplazable, hoy aparece relativizado frente a la presión del empleo y los ingresos fiscales.

La pregunta que queda flotando no es menor: ¿qué cambió realmente entre 2021 y 2025? ¿El contexto económico, las prioridades del gobierno, o la concepción misma de desarrollo para Tierra del Fuego? Porque si algo muestran estas dos fotos del mismo gobernador es que el debate sobre salmoneras ya no es solo técnico o ambiental, sino profundamente político. Y en ese viraje discursivo, también está en juego la coherencia de un proyecto de provincia.