La Gobernadora se refirió a los temas tratados en la última sesión de la Legislatura, y a los vetos que presentarán en relación a 5 proyectos, como la reubicación de las canteras, la detracción de fondos a partir de las tazas de verificación de procesos productivos destinado a obras públicas para los municipios de Rio Grande y Ushuaia, el cambio de horario bancario, el adicional para los trabajadores del Ministerio de Trabajo y el presupuesto de procurador penitenciario.La Gobernadora explicó que ninguno de estos proyectos estaba en la agenda sino que se trataron sobre tablas, “no sólo no hablaron conmigo ni con el Jefe de Gabinete cuando fue a consultar los temas en carpeta para la sesión, sino que además tampoco lo hablaron con el Gobierno legitimado para establecer su responsabilidad como ejecutivo los próximos 4 años que es el principal afectado con estas medidas”.
La Mandataria aclaró que si bien serán vetados, en cada uno de esos vetos expresará sus razones y explicó que estos proyectos requieren recursos y no se especifica de dónde se van a sacar esos fondos “en ninguno de los proyectos me han definido la ley de donde tengo que sacar los recursos, porque no puedo inventar con letras, recursos. Si no me especifican de qué partida saldrán esos fondos, lo que sucede es que no se crean recursos sino obligaciones sin recursos”.
En relación al proyecto que destina fondos a obras públicas para los municipios de Rio Grande y Ushuaia, la Gobernadora explicó que “hasta el viernes tenía la información que se tomaba parte de las exenciones impositivas que la Legislatura le otorgó a las empresas y de esas exenciones se asignaban recursos a los municipios, pero no es así”.
“No sólo mantienen las exenciones impositivas que significan al Estado no percibir alrededor de 400 millones, sino que le detraen más de 100 millones para asignarlos a obras públicas de los municipios, cuando en realidad existen fondos para obras públicas como lo son el fondo de la soja o el fideicomiso austral. Por eso no se entiende cual es la urgencia del planteo cuando hay otros temas más importantes que atender”, agregó.
También dijo que “detraer del recurso Provincial, cuando es la misma Legislatura la que aprueba el presupuesto y sabe cual es la situación económico financiera de la Provincia, más de 100 millones de pesos para fondos de obras publicas y dejando a Tolhuin afuera sin ninguna explicación, no se entiende.”
Respecto al argumento que de esta manera se le retribuirá a los municipios lo que se les quito a través de la ley 648, la Ríos precisó que “a los municipios no se les quitó ese 25%, a los municipios se les definió con una declaración de certeza, que habían cobrado de más, alrededor de 800 millones de pesos a lo largo de los años porque la coparticipación se liquidaba de modo incorrecta. Y la 648 es una Ley que saca esta misma Legislatura, en la que lo que se hizo fue una compensación en función de esa declarativa de certeza”.
