Ushuaia 03 de julio 2025.- El abogado Gastón Fernández Pezzano, en representación del legislador del bloque Somos Fueguinos, Jorge Lechman, presentó una recusación con causa contra la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Edith Miriam Cristiano, en el marco del expediente N° 4646/2024, caratulado “Lechman, Jorge Andrés c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/Acción Meramente Declarativa”. La presentación solicita el apartamiento de la magistrada por presunto conflicto de intereses y falta de imparcialidad en relación con el Gobierno provincial.
La recusación se basa en lo dispuesto en los artículos 28.2 y 28.8 del Código Procesal Civil y Comercial, que permiten apartar a un juez cuando existe interés en el pleito, vínculos societarios con alguna de las partes o recepción de beneficios relevantes de alguna de ellas.
El escrito señala que la jueza Cristiano, junto con su relatora Romina Pereyra, habría participado de un viaje institucional a La Haya, Países Bajos, el 1° de julio de este año, en el marco de un encuentro convocado por el Institute for Justice Excellence.
En esa misma comitiva participó el legislador oficialista Federico Greve, autorizado por Resoluciones de Presidencia de la Legislatura Nº 178/25 y 187/25, con cobertura de gastos por parte del Estado provincial. Sin embargo, según la presentación, no existe ningún acto administrativo ni acordada del Poder Judicial que autorice o publicite la participación de la jueza o su relatora en dicho viaje.
Lechman sostiene que este hecho genera serias dudas sobre la imparcialidad de la jueza, ya que comparte un viaje no informado públicamente junto a un legislador del oficialismo que fue quien impulsó el proyecto de reforma constitucional que hoy está siendo cuestionado judicialmente. “La magistrada realiza un viaje a Europa fuera de agenda institucional, sin publicidad de actos de gobierno, lo que motiva pensar que existe un interés en resolver este pleito a favor del Gobierno provincial”, argumenta la presentación.
Incluso si el viaje hubiese sido costeado con fondos personales, la parte demandante plantea que ello implica un interés personal por fortalecer vínculos con el Ejecutivo, lo que afecta la imagen de imparcialidad que debe tener todo magistrado. En ese sentido, se citan numerosos artículos del Código Iberoamericano de Ética Judicial que exhortan a los jueces a evitar no solo la parcialidad real, sino también la aparente.
Como prueba, se acompañaron fotografías, artículos periodísticos y las resoluciones legislativas que habilitan los gastos de Greve. Además, se solicitó al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial provincial que informen si hubo algún tipo de autorización, erogación o acuerdo institucional respecto del viaje de la jueza Cristiano y su relatora.
“El principio de imparcialidad no es solo una garantía jurídica, es también una cuestión de confianza pública en el sistema judicial. Esta situación la compromete seriamente”, argumentó Fernández Pezzano, representante legal del legislador Lechman.
