Ushuaia 06 de noviembre 2025.- En diálogo con El Cronista Urbano, el consultor económico y director de Ecotono, Federico Rayes, analizó la situación financiera de la provincia y advirtió que Tierra del Fuego enfrenta un déficit creciente, profundizado por la falta de adaptación del Estado al nuevo escenario económico nacional.
Rayes explicó que, tras el freno al proceso inflacionario iniciado por la actual gestión nacional, “quedó a la vista la verdadera situación fiscal”, tanto del sector privado como del público. “La inflación permitía ir tapando malas gestiones. Se cubrían desequilibrios con nuevas oleadas de ingresos nominales. Cuando la inflación se detiene, queda la realidad: ingresos que se estabilizan y costos que siguen creciendo”, afirmó.
Según detalló, la provincia no realizó el ajuste necesario para adecuarse a este nuevo contexto.
“El Estado provincial siguió operando con la lógica del escenario anterior. Como resultado, el déficit se fue profundizando durante 2024 y lo que va de 2025”, sostuvo.
Rayes precisó que, de acuerdo a los datos oficiales del segundo trimestre, al 30 de junio ya se había acumulado un déficit financiero de 63 mil millones de pesos, por encima del déficit total previsto originalmente para todo el año.
“Los números muestran que la situación fiscal está desbordada, en todas sus métricas”, señaló.
Consultado sobre quién paga ese déficit, el economista fue claro:
“Se paga con salarios atrasados en los sectores más amplios del empleo público y con demoras significativas en los pagos a proveedores, especialmente en áreas sensibles como salud, seguridad y mantenimiento”.
Además, Rayes remarcó que el problema estructural es el tamaño y funcionamiento del Estado provincial:
“Tierra del Fuego tiene más de 25 mil empleados públicos. Muchos cumplen funciones esenciales, pero también hay capas acumuladas de empleo por decisiones políticas, y eso presiona la masa salarial y los costos de funcionamiento”.
En cuanto a posibles soluciones, sostuvo que es necesario revisar la estructura estatal de manera profunda:
“Hay que sentarse a repensar las funciones del Estado, priorizar gastos y sincerar qué áreas son imprescindibles. Sin voluntad política, esto no cambia”.
También se refirió a la discusión sobre la reforma constitucional impulsada por el Gobierno provincial. Rayes advirtió que, en un contexto de déficit, avanzar en ese proceso implicaría un gasto adicional significativo.
“Si se habla de una reforma que puede costar entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, sería una capa más sobre un Estado que ya está financieramente comprometido”, afirmó.
Por último, sostuvo que, si la economía nacional logra recuperar crecimiento en 2026 y 2027, podrían darse condiciones para comenzar un reordenamiento provincial.
“Pero ese escenario no garantiza el cambio. Si aumenta la recaudación y no se corrige el tamaño del Estado, la crisis se va a repetir”, concluyó.
