Ushuaia 02 de marzo 2026.- En declaraciones a Cronista Urbano por Radio Provincia, el periodista Daniel Guzmán, del portal Agenda Malvinas, cuestionó con dureza la estrategia adoptada por el Ejecutivo provincial frente a la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y planteó serias dudas sobre la actuación administrativa y judicial desplegada en los últimos meses.
Según detalló, el conflicto se inició formalmente el 16 de diciembre, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables remitió una intimación de 23 páginas al gobernador Gustavo Melella advirtiendo sobre una posible intervención del puerto ante presuntas irregularidades. Entre los puntos observados figuraban deficiencias en la infraestructura del muelle —incluida la rotura de pilotes—, inconsistencias contables y falta de coincidencia entre movimientos financieros y depósitos.
Guzmán recordó que el antecedente inmediato se remonta a agosto, cuando el Gobierno provincial impulsó una ley para transferir parte del superávit del puerto hacia la obra social OSEF, con el objetivo de atender su crisis estructural. Esa decisión habría sido utilizada como argumento por sectores gremiales para solicitar la intervención nacional.
La intervención finalmente se materializó el 21 de enero. No obstante, el periodista sostuvo que entre la intimación de diciembre y la resolución efectiva transcurrieron más de 40 días sin que el Ejecutivo adoptara —según su visión— medidas preventivas contundentes.
Defensa judicial bajo cuestionamiento
Uno de los ejes centrales de las críticas apuntó a la contratación de un estudio jurídico privado de Buenos Aires, por un monto cercano a 60.000 dólares (alrededor de 90 millones de pesos), en lugar de activar desde el primer momento la intervención del Fiscal de Estado, órgano constitucional encargado de la defensa judicial de la Provincia.
La presentación judicial, realizada el 29 de enero, habría sido observada por el juez federal interviniente, Federico Calvete, y por la fiscal federal subrogante, quienes señalaron la ausencia del Fiscal de Estado en la causa. Posteriormente, el expediente fue girado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerarse un conflicto entre la Provincia y el Estado nacional.
Guzmán advirtió que el traslado a la Corte podría implicar demoras significativas, dado el volumen de causas que tramitan ante el máximo tribunal.
Además, cuestionó la decisión de recusar sin fundamentos al juez Calvete con el objetivo de trasladar el expediente a Río Grande, planteo que también terminó siendo elevado a la Corte.
Debate político y acusaciones cruzadas
En paralelo al frente judicial, el conflicto escaló en el plano político. Guzmán consideró que las declaraciones del gobernador, quien atribuyó la intervención a “libertarios y cucas”, carecieron de precisión y no estuvieron acompañadas de denuncias formales con nombres propios.
También criticó expresiones públicas de la vicegobernadora, quien habría mencionado en una reunión que “la plata se voló” en referencia a obras anunciadas años atrás, señalando que ese tipo de afirmaciones sin respaldo documental podrían debilitar la posición institucional de la Provincia.
En ese marco, el periodista remarcó que si existen sospechas concretas sobre responsabilidades empresariales o políticas, deberían canalizarse mediante presentaciones formales ante la Justicia o la Legislatura.
Activo estratégico y discusión de fondo
Para Guzmán, el eje del debate trasciende la disputa administrativa y se vincula con la importancia estratégica del puerto en el marco de la condición marítima, antártica y bicontinental de la provincia. Incluso planteó interrogantes sobre el alcance de la intervención nacional, al señalar que la resolución mencionaría no sólo la infraestructura portuaria sino también los “espejos de agua”.
Finalmente, vinculó el conflicto con discusiones más amplias sobre soberanía, recursos naturales y política energética, recordando antecedentes como la renovación de contratos petroleros y la participación de empresas con capitales extranjeros en la Cuenca Marina Austral.
“El nivel de desprolijidad y la demora en reaccionar frente a un hecho que parecía inevitable generan interrogantes profundos”, concluyó Guzmán, al tiempo que reclamó mayor claridad institucional y responsabilidad política en la defensa de los intereses provinciales.
