Ushuaia 23 de mayo 2019.- Un novedoso anteproyecto para que en el fuero Civil y Comercial se utilice el modelo de juicio por jurados en casos que afectan el bien común, causas de intereses difusos, conflictos relacionados con el medio ambiente, discriminación o cuestiones de género, entre otros será propuesto para debate en el seno de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tierra del Fuego (CCP), por parte de su presidente Doctor Carlos Gonzalo Sagastume.

La propuesta va en sintonía con la tendencia nacional e internacional, que con su sistema dispositivo pretende ahora incorporar el juicio por jurados devolviendo la soberanía de las decisiones a los ciudadanos.

 

De este modo, señala el Presidente de la Comisión de Reforma del CPCC Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, se pasa a una tercera etapa donde el Poder Judicial le devuelve el poder de origen a la gente, fortaleciendo los lazos democráticos y republicanos.

“Si nos remitimos a la historia, Alberdi promovió el juicio por jurados en tres pasajes de nuestra Constitución Nacional, pero consideró que la ciudadanía aún no estaba preparada, en función de ello la norma quedó adoptada de forma programática, razón por la que necesitaba la figura del juez profesional con la finalidad de que dictara reglas de exclusión, determine nulidades, o desestime prejuicios. Y hoy, con una sociedad madura se puede hacer una redistribución de soberanía y devolverle a la gente la potestad de juzgar”, aseguró.

 

La iniciativa fue tomada a partir de la participación reciente del Doctor Sagastume en el “V Congreso Internacional de Juicio por Jurados. Sistema Acusatorio y Actualidad Procesal en Argentina”, que se desarrolló en Villa La Angostura.

La propuesta será presentada en el seno de la comisión de reforma del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia de Tierra del Fuego cuyo primer borrador fue presentado el pasado 12 de abril.

 

Cabe mencionar que las modificaciones que se efectuarán en el Código Procesal repercutirán en una actualización normativa para generaciones presentes y futuras, dado que se proyecta una vigencia mínima que alcance al menos los próximos 30 años.

La Comisión está integrada por representantes del Poder Judicial, del Gobierno, abogados y legisladores, y  cuenta con un Consejo Técnico Asesor integrado por notables civilistas.