Ushuaia 23 de septiembre 2025.- María José Pazos, madre de un joven con discapacidad y referente en el acompañamiento de familias que atraviesan situaciones similares, cuestionó duramente las declaraciones recientes de la ministra de Salud de la provincia, al señalar que los datos brindados no se condicen con la realidad de los beneficiarios del régimen RUPE.
“Muchas veces se interpreta que la palabra de quien está al frente de un ministerio pesa más que la de una simple ciudadana. Pero yo no hablo solo en mi nombre, sino desde las vivencias cotidianas de un montón de familias que padecen la burocracia y las demoras del Estado”, remarcó Pazos.
La referente explicó que, mientras la funcionaria aseguró que las pensiones por discapacidad rondan los $564.000, los haberes efectivamente acreditados en septiembre fueron de $543.658,91. “Esto no es un error de lectura. Lo venimos comprobando hace meses y la propia ministra, en declaraciones anteriores, terminó reconociendo el mismo monto. Si se invierte únicamente esa suma, es evidente que la deuda con la obra social provincial sigue sin resolverse”, sostuvo.
Pazos recordó además que la Ley Provincial N° 888 obliga a dar carácter de urgencia al pago de las prestaciones vinculadas a discapacidad, y que su incumplimiento debe considerarse “falta grave” de los responsables. “No pueden desmentirnos cuando lo que decimos está en la propia normativa. Si la obra social no cobra en término, la deuda crece y las familias quedan atrapadas en la falta de cobertura”, subrayó.
Otro de los puntos que generó preocupación es la falta de actualización en la cantidad de pensiones presupuestadas. “Cuando este gobierno asumió había 4.800 personas con Certificado de Discapacidad en la provincia, hoy son más de 6.000. Sin embargo, año tras año se proyecta la misma cantidad de beneficios. Es inaceptable que se espere la baja de una pensión, incluso por fallecimiento del titular, para otorgar otra. ¿Qué diferencia hay con la crueldad que criticábamos a nivel nacional?”, cuestionó.
La madre señaló además la falta de profesionales en el sistema de rehabilitación provincial: “Tenemos un edificio nuevo y hermoso, pero no llega a cubrir ni el 30% de la demanda por falta de especialistas. Mientras tanto, abundan designaciones administrativas en lugar de médicos, terapistas o kinesiólogos. No se trata de un problema edilicio, sino de gestión”.
Finalmente, Pazos hizo un llamado a perder el miedo y visibilizar lo que ocurre: “Muchos docentes o familias no hablan porque temen represalias del Estado. Yo tengo más miedo a que se sigan restringiendo los derechos de nuestros hijos que a sufrir presiones personales. Esto no es un acto de valentía: es simplemente decir la verdad de lo que vivimos cada día”.
