Ushuaia 21 de agosto 2025.- La representante de personas con discapacidad en Tierra del Fuego, María José Pazos, expresó su satisfacción por la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, aunque advirtió que, en la provincia, persisten graves problemas de atención y financiamiento para el sector.
“Lo de ayer fue emocionante, se gritó fuerte después del resultado de la votación. Fue el resultado de un trabajo colectivo, de familias y organizaciones que logramos instalar el reclamo en las redes y en las calles. Pero esto no puede quedar solo en una foto o en un discurso. Basta de marketing con la vida de los vulnerables”, afirmó Pazos.
La dirigente recordó que, horas antes del debate legislativo, estalló un escándalo nacional por presuntas irregularidades en la compra de alimentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Desde el principio nos opusimos a esa designación, porque no estaba vinculada al tema. Lamentablemente, pasó lo que tenía que pasar. En el medio, muchas familias quedaron sin asistencia, con medicamentos y terapias que se encarecieron al punto de obligarlas a elegir qué pagar”, señaló.
Pazos cuestionó también la postura del Gobierno fueguino, que celebró la decisión del Congreso pero —según dijo— mantiene deudas y recortes a nivel local. “El gobernador dice que no se recortan derechos, pero la obra social provincial (OSEF) paga con meses de atraso, baja coberturas y calidad de insumos. Las prestaciones RUPE no se están abonando a la obra social, y eso lo asumen públicamente. Entonces, que no se nos responsabilice a los beneficiarios por el déficit de OSEF. Reclámenle al Gobierno”, reclamó.
Además, denunció la falta de información oficial y de espacios de diálogo reales: “Hemos pedido reuniones infinidad de veces y no nos atienden. No hay transparencia sobre el destino de los fondos, y la ley 1072 sigue vigente, cuando prometieron derogarla en 2019. El tweet del gobernador no cambia la vida de las personas con discapacidad. Necesitamos hechos, no declaraciones para las redes”.
Pazos también advirtió que la problemática excede a los beneficiarios RUPE: “En la provincia hay cerca de 6.000 personas con Certificado Único de Discapacidad. Muchas viven en condiciones indignas, con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin acceso a servicios básicos. La ley 48 provincial pone en cabeza del gobernador la responsabilidad de garantizar nuestros derechos. Eso es lo que exigimos”.
Finalmente, subrayó que, mientras se celebran triunfos legislativos a nivel nacional, en Tierra del Fuego “siguen sin cumplirse ordenanzas de accesibilidad, no funciona la COPROCODIS y el contacto con las autoridades es prácticamente nulo. Si van a decir que no se recortan derechos, que lo demuestren en la práctica”.
