Ushuaia 15 de julio 2025.- El Dr. Paulino Rossi, cuestionó duramente la filtración del dictamen fiscal en la causa que investiga la legalidad del proceso para la reforma constitucional en Tierra del Fuego. En diálogo con Radio Provincia, Rossi confirmó que presentó un recurso de reposición y denunció que se conoció públicamente el dictamen del fiscal sin que las partes involucradas, como él mismo, hayan tenido acceso oficial.
“Nos llama mucho la atención que el dictamen haya trascendido en los medios cuando aún no está publicado en el sistema oficial y las recusaciones a los jueces del Superior Tribunal no están resueltas”, advirtió Rossi, calificando la situación como una violación del derecho de defensa. Para el letrado, el dictamen resulta “procesalmente inválido” y demuestra “la clara intención política de algunos actores judiciales de apurar una definición favorable al gobierno”.
Rossi enfatizó que su planteo no fue político, sino estrictamente jurídico. “Planteamos que la ley que habilitó la reforma constitucional fue mal sancionada, no cumple con los requisitos constitucionales. Lo dijimos desde el respeto a la Constitución, no para hacer política”, aseguró, y lamentó que se intente descalificar su presentación “bajándole el precio” desde un discurso mediático “cargado de hipocresía”.
Además, criticó al gobierno provincial por impulsar una reforma “que no resuelve ninguno de los problemas reales de los fueguinos”. “¿La Constitución impide que haya médicos? ¿La Constitución impide que tengamos energía o que funcione la obra social? No. El problema no es la Constitución, es la incapacidad del gobierno”, disparó.
Rossi también cuestionó el rol de los principales funcionarios: “El gobernador y su gabinete pasan más tiempo fuera de Tierra del Fuego que gestionando. Hay un Estado ausente, hospitales colapsados, problemas previsionales serios, y en vez de resolver eso, impulsan una reforma que nadie pidió”.
Finalmente, señaló que el dictamen del fiscal Urquiza debería considerarse nulo hasta que el proceso esté completo. “La justicia tiene que garantizar transparencia y debido proceso. Si lo que se dice que opinó el fiscal refleja la postura del gobierno, es una señal institucional muy preocupante”, concluyó.
