Ushuaia 28 de julio 2026.- El manejo de los fondos del PAMI en Tierra del Fuego volvió a instalarse en el centro de la escena política luego de que el diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentara en la Cámara de Diputados un proyecto para crear una Subcomisión Especial Investigadora que analice las denuncias sobre presuntas irregularidades en la autorización, auditoría, control y facturación de prestaciones médicas destinadas a jubilados y pensionados.
La iniciativa, registrada bajo el Expediente N.º 3463-D-2026 y acompañada por trece diputados nacionales, busca que el Congreso ejerza sus facultades de control frente a una serie de denuncias, pedidos de auditoría e investigaciones administrativas acumuladas desde 2025 sobre el funcionamiento del organismo en la provincia.
Según explicó Araujo, el objetivo no es reemplazar el accionar de la Justicia, sino determinar cuál fue la respuesta institucional del PAMI ante las denuncias y si los mecanismos de control internos funcionaron correctamente.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir”, sostuvo el legislador.
El diputado remarcó que la preocupación central radica en el destino de recursos públicos destinados a la atención sanitaria de los jubilados y afirmó que “cada recurso del PAMI que no llega a destino significa menos estudios, menos tratamientos, menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese sistema de salud”.
Una comisión con amplias facultades
El proyecto prevé la creación de una subcomisión con atribuciones para solicitar expedientes, informes, auditorías y documentación administrativa, además de convocar a funcionarios, ex funcionarios, profesionales, auditores y denunciantes con el fin de reconstruir los hechos y evaluar eventuales responsabilidades.
Entre los antecedentes mencionados aparecen denuncias sobre prestaciones médicas cuya documentación y efectiva realización deberían ser verificadas mediante auditorías técnicas e independientes.
La respuesta de Santiago Pauli
Las declaraciones de Araujo encontraron una rápida respuesta del diputado nacional Santiago Pauli, quien cuestionó tanto la forma en que se difundieron las acusaciones como el procedimiento elegido para impulsar la investigación.
Durante una entrevista con Radio Provincia, el legislador de La Libertad Avanza aseguró que se enteró del caso “por publicaciones en redes sociales” y afirmó que Araujo nunca se comunicó con él, con dirigentes del espacio ni con las actuales autoridades del PAMI.
“No recibimos ninguna información. Me enteré por publicaciones en redes sociales”, afirmó.
Pauli sostuvo que desconoce incluso si el proyecto ya fue formalmente incorporado a la Cámara de Diputados y consideró que, frente a denuncias de semejante gravedad, el primer paso debía ser acudir a la Justicia.
“Uno no puede enterarse de una irregularidad y decir que va a armar una comisión. Primero hay que denunciar donde corresponde, con el procedimiento que corresponde”, expresó.
“No es serio el procedimiento”
El diputado libertario reconoció que las acusaciones son graves, ya que hacen referencia al presunto pago de estudios y prácticas médicas que nunca se habrían realizado durante la gestión del ex titular del PAMI fueguino Fernando Polizzi, incluyendo prestaciones llamativas como supuestos estudios de fertilidad realizados a mujeres de alrededor de 80 años.
Sin embargo, cuestionó la estrategia comunicacional de Araujo.
“Quiero tomar la discusión con la seriedad con la que el diputado la plantea, pero me cuesta porque no es serio el procedimiento.”
También ironizó sobre la documentación que Araujo aseguró tener en su poder.
“Tiene una carpeta y la va mostrando de a poquito. ¿Está esperando los derechos de Netflix para hacer un documental?”, lanzó.
Investigación judicial y tensión política
Pauli indicó que, de acuerdo con la información disponible, el caso ya estaría siendo analizado por una Unidad Fiscal de Investigación, por lo que consideró que corresponde esperar el avance de las actuaciones judiciales.
“Si está ante una UFI, ya está en manos de quien tiene que estar”, sostuvo, aunque aclaró que hasta el momento no tuvo acceso a expedientes, documentación oficial ni pruebas que respalden las acusaciones públicas.
El legislador también aseguró que Araujo no mantuvo reuniones previas con las autoridades actuales del PAMI ni con referentes de La Libertad Avanza antes de hacer públicas las denuncias.
Un nuevo frente político
La polémica abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la administración del PAMI en Tierra del Fuego. Mientras Araujo reclama una investigación parlamentaria para esclarecer el destino de recursos públicos destinados a la salud de los jubilados, Pauli sostiene que cualquier sospecha debe canalizarse primero por la vía judicial y con pruebas concretas.
El caso podría tener derivaciones tanto en el ámbito legislativo como en el judicial si avanzan las investigaciones sobre las presuntas prestaciones médicas facturadas y pagadas que, según las denuncias, nunca habrían sido realizadas.
