Ushuaia 19 de agosto 2020.- Desde la Colectiva Feminista de Ushuaia repudiamos enérgicamente la decisión judicial en relación a la causa N° 55/20 » ORBEZ NORBERTO DANIEL S/ ABUSO SEXUAL», la que sucediera en incontable número de veces, hacia una niña quien actualmente tiene 12 años, pero que al momento de comenzar los ataques contaba con tan solo 7 años de edad.

Que en febrero del año en curso la madre de la niña radicó la denuncia correspondiente, interviniendo el Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Pablo Alfredo CANDELA. Juzgado que en la actualidad se encuentra de Feria Extraordinaria, al igual que el resto del Poder Judicial en el distrito judicial Norte, por el rebrote de contagios en el contexto mundial en cuanto a la pandemia covid-19.

Que el mismo ordena la prohibición de acercamiento del imputado hacia la niña y su grupo familiar, ello sin tener en cuenta que residen en el mismo edificio ubicado en Chacra IV de la localidad de Rio Grande.

Que a causa de los reiterados cruces en la vecindad y dada la gravedad del calvario sufrido por esta niña, por los prolongados ataques y la lentitud y la liviandad con que la justicia está tratando la causa, la niña ha sufrido diferentes trastornos, resultando incluso en dos situaciones con claras intenciones de terminar con su propia vida.

 

Hoy la justicia estima que la mejor solución en pos del bienestar y la proteccion integral de la víctima es el traslado del imputado a la localidad de Tolhuin.

Un abusador debe y tiene que estar tras las rejas, alejado de la sociedad, entendiéndose que es un potencial agresor y que nadie está a salvo con una persona con sus características caminando por las calles libremente.

Tenemos un sistema judicial que obliga a las víctimas a estar encerradas para protegerse de sus agresores y a los agresores sueltos y caminando tranquilos por las calles.

Un sistema judicial con un proyecto de ampliación en el parlamento provincial, el que resultará un elevadísimo costo para el eradio público, sin ninguna certeza de que la comunidad reciba garantías concretas que tiendan a mejorar la vida de la población y sobre todo mejorar la calidad del servicio de justicia.

Repudiamos estas decisiones vergonzosas, que ya el pueblo de Tierra del Fuego no debe tolerar.
Exigimos que la justicia actúe en forma eficiente, con la celeridad necesaria para que la niña, su grupo familiar y la sociedad toda obtenga justicia!

 

Exigimos que se cumpla con la Ley Micaela y sea efectivamente transversal para cada decisión que se lleve adelante; que el cumplimiento de la misma sea real y no sólo por las capacitaciones que la ley obliga.

Exigimos se escuche al pueblo de Tolhuin que reclama que la ciudad no es un «depósito judicial»!
Alguna vez el Poder Judicial de Tierra del Fuego se preguntará cuál es la justicia que tenemos y que justicia queremos?
Al sistema judicial, al Consejo de la Magistratura, a quienes tienen la potestad de elegir a nuestros jueces le decimos, ¿ésta es la justicia que realmente queremos para nuestra sociedad?.

Basta de atropellos. Basta de violentarnos. Basta de un sistema de justicia indiferente a las necesidades de las víctimas. Queremos que los culpables estén donde tienen que estar, que las víctimas encuentren consuelo porque merecemos vivir en una sociedad segura, justa y libre de violencias.