Ushuaia 13 de noviembre 2025.- La médica Sandra Emilia Castro, referente del ámbito sanitario en Tierra del Fuego y profesional con más de 30 años de trayectoria, expresó su profunda indignación por la detención de la doctora Amalia Valdivia, quien fue esposada y demorada en Río Grande tras negarse a firmar un certificado de defunción sin contar con los elementos técnicos y legales necesarios para hacerlo.

En diálogo con El Cronista Urbano, la doctora Castro consideró que el hecho constituye “un atropello contra la profesión médica y una muestra de desconocimiento total del procedimiento legal ante una muerte dudosa”. “Quiero hacer una pregunta en voz alta: ¿desde cuándo los médicos somos tratados como delincuentes por ejercer nuestra profesión y actuar con responsabilidad?”, cuestionó.

Castro explicó que, en este tipo de casos, el médico interviniente tiene la obligación de constatar el fallecimiento —es decir, certificar que la persona está muerta—, pero no puede determinar la causa de muerte ni firmar el certificado de defunción estadístico sin la intervención previa de la Policía Científica y la Justicia. “Si no hay certeza sobre la causa o la hora del fallecimiento, el médico debe sugerir autopsia. Es lo que corresponde en cualquier parte del mundo”, señaló.Según relató, la doctora Valdivia actuó correctamente al negarse a firmar el documento final sin contar con el certificado de no criminalidad, requisito indispensable para avanzar con el trámite legal. “Ella cumplió su deber profesional. Lo aberrante es que, por hacerlo, haya sido esposada y filmada como si fuera una delincuente. Eso es inaceptable”, afirmó Castro.

La médica denunció además que este tipo de situaciones se repiten y que las autoridades sanitarias “guardan silencio y no respaldan a los profesionales”. “Hoy los médicos trabajamos sin protección institucional. Nos cuidamos entre nosotros, espalda con espalda. Pero las autoridades están mudas”, lamentó.

 

Castro recordó que durante la pandemia “la sociedad aplaudía a los médicos” y hoy “los mismos profesionales son expuestos y humillados públicamente por cumplir con su deber”. “Esto genera un divorcio cada vez mayor entre la comunidad y quienes la cuidamos. No puede ser que se nos criminalice por actuar con criterio médico y respeto por la ley”, expresó.

Por último, la doctora confirmó que el sindicato SIPROSA está brindando asesoramiento legal a la profesional involucrada y que el caso será llevado a instancias judiciales superiores. “No vamos a dejar que esto quede impune. No se puede permitir que se trate a un médico calificado como a un delincuente, sin siquiera entender el procedimiento que rige en estos casos”, concluyó.