Ushuaia 13-05-16.- El fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, en su condición de defensor del pueblo, se pronunció a favor de la iniciativa popular impulsada por un grupo de padres de Ushuaia que buscan que la Legislatura declare a la educación como servicio esencial.
Mássimi declaró su procedencia, no sin antes argumentar que la Organización Internacional del Trabajo se ha puesto reparos en que la educación sea declarada servicio esencial. Incluso mencionó el pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical en el ámbito de la OIT ante la situación de Perú, en donde sí se avanzó en dicha declaración.
Dicho comité sostuvo que “la educación básica no es un servicio esencial en el sentido estricto del término. Sin embargo admitió que para el caso de huelgas cuya extensión y duración pudiera provocar una situación de crisis nacional aguda tal que en las que las condiciones normales de existencia de la población pueda estar en peligro, es posible establecer un servicio mínimo”.
Más allá de la pretensión lógica de los padres que reclaman que sus hijos tengan clases y que para ello buscan que el la educación sea declarada esencial, el fiscal advirtió que dicha declaración “traería aparejada en sus efectos una prohibición o restricción sustancial de otro derecho constitucional como lo es el derecho a huelga”.
Según los pronunciamientos de la OIT, ha definido que tanto la educación como otros tantos servicios de importancia -como servicio de correo, bancos servicio de transporte metropolitano- quedan fuera de ese rango de esencialidad. Considera que los servicios esenciales son aquellos quye “cuya interrupción ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de la población”.
Más allá de toda la fundamentación, el fiscal Mássimi se pronunció “por la procedencia de la iniciativa peticionada, tanto en el plano formal como sustancial” ello más allá de que el Juzgado Electoral o la Legislatura “lleguen a la conclusión de que no corresponde declaración de esencialidad tal como lo postulan aquí los presentantes (se porque la cuestión es opinable, sea para evitar eventuales planteos ante organismos internacionales), cierto es que los legisladores provinciales no se ecuentran limitados a tomar o rechazar la iniciativa”.
“Por el contrario (los legisladores) se hallan plenamente facultados para modificar y perfeccionar el proyecto mediante el trabajo de sus comisiones y la participación de los sectores involucrados. Entre las alternativas que concurra, podrían ser analizados los conceptos intermedios de servicio de importancia trascendental o de utilidad pública”, sostuvo Mássimi.
Fuente: Sureño
