Ushuaia 11 de julio 2026.- La integrante de la Asociación Mane’kenk, Nora Loekemeyer, cuestionó el convenio de gestión conjunta entre la Municipalidad de Ushuaia y la empresa Cerro Alarkén para el área de acceso a la Reserva Natural Provincial Akar, y advirtió que el acuerdo, pese a la reciente ratificación provincial mediante decreto, mantiene “grandes desequilibrios” en favor del sector privado y no tiene como eje principal la conservación ambiental.

En diálogo con El Cronista Urbano, Loekemeyer sostuvo que la información publicada sobre el avance del convenio “no refleja realmente los hechos” y da la impresión de que “todo está resuelto”, cuando aún persisten numerosos aspectos técnicos y legales que, a su criterio, deben ser revisados antes de que el expediente sea tratado nuevamente por el Concejo Deliberante de Ushuaia.

La referente ambiental recordó que la principal preocupación de la asociación surgió porque el convenio original entre la Municipalidad y Cerro Alarkén avanzaba sobre decisiones vinculadas a la gestión de un área protegida provincial. “Era indispensable que la Provincia interviniera porque se estaban tomando decisiones que corresponden al ámbito provincial”, explicó.

En ese sentido, valoró que el Gobierno provincial haya firmado posteriormente un convenio de cooperación para resguardar las competencias sobre la reserva, aunque aclaró que esa intervención únicamente resuelve la cuestión jurisdiccional. “La Provincia tomó los resguardos que corresponden por tratarse de un área protegida, pero quedan muchos otros aspectos que siguen siendo muy preocupantes”, afirmó.

Entre las principales observaciones, Loekemeyer señaló que el convenio entre el Municipio y la empresa no prioriza la conservación de la naturaleza sino un uso predominantemente recreativo. “Se habla de una reserva, pero el convenio está orientado a actividades recreativas que incluso se alejan de las necesidades de conservación del lugar”, manifestó.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de destinar hasta un 30% de la superficie comprendida en el acuerdo al mantenimiento de equinos. Según explicó, la presencia de caballos constituye actualmente uno de los principales problemas ambientales del sector. “Si el objetivo es conservar la naturaleza, no parece razonable consolidar justamente allí un espacio para concentrar hasta cien equinos. Esa cifra es totalmente antojadiza”, expresó.

Asimismo, recordó que actualmente ya se desarrollan actividades ecuestres en el lugar sin necesidad del convenio y advirtió que el acuerdo podría modificar la forma en que los vecinos acceden a la reserva. “Aunque se plantea que los residentes estarían exentos del pago de una tasa de ingreso, la realidad es que cambiará la manera de acceder al área y todavía hay muchos aspectos que no están claros”, indicó.

La integrante de Mane’kenk también cuestionó las condiciones jurídicas del convenio al considerar que otorgan mayores garantías a la empresa que al Estado municipal. Explicó que Cerro Alarkén puede rescindir el acuerdo con un simple preaviso de sesenta días y sin afrontar penalidades, mientras que el Municipio solamente podría hacerlo demostrando un incumplimiento doloso por parte del privado. “El beneficio siempre termina favoreciendo al mismo lado”, remarcó.

Frente a este escenario, sostuvo que existen alternativas superadoras, como avanzar con la declaración del predio municipal como Reserva Natural Urbana. “Sería una figura mucho más coherente con los objetivos de conservación, teniendo en cuenta que forma parte de la cuenca del Arroyo Grande, una de las fuentes de agua de Ushuaia”, señaló.

Loekemeyer insistió en que el convenio necesita una profunda revisión antes de ser ratificado por el Concejo Deliberante. “Las cosas se pueden hacer bien. Es positivo trabajar entre el sector público y el privado, pero tiene que haber un equilibrio de beneficios y un verdadero objetivo de conservación. Así como está redactado, creemos que el Concejo no debería aprobarlo porque presenta muchísimos problemas”, sostuvo.

Finalmente, también se refirió a otros temas ambientales de actualidad y calificó como “grave” la confirmación de que la planta municipal de asfalto funcionó sin el correspondiente estudio de impacto ambiental. “Son situaciones que no deberían ocurrir. Esperamos que tanto el Estado municipal como el provincial sean los primeros en cumplir las normas ambientales. Hay mucha dificultad para acceder a la información pública y eso también termina perjudicando el control ciudadano”, concluyó.