Ushuaia 20 de julio 2020.- La abogada Susana Sosa se refirió a la reunión que mantuvieron en la Legislatura con el objetivo de trabajar en la Ley de Honorarios Profesionales. “Actualmente nos rige una ley nacional que ya no tiene vigencia en la mayoría de las provincias. La nueva norma incorpora parámetros objetivos de regulación, y de esta manera el trabajo profesional en juicio no resulta objeto de discrecionalidad judicial”, aseguró.

“El jueves pasado fuimos a la Legislatura a exponer acerca de la Ley de Honorarios Profesionales. Los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande fuimos convocados por el presidente de la Comisión N° 1 de Legislación General, Federico Greve, a participar del debate del proyecto de ley de Honorarios Profesionales para Abogadas y Abogados de la Provincia”, detalló la presidenta del Colegio de Abogados en Ushuaia.

Sosa detalló que “actualmente la ley deja a criterio de los jueces el monto a cobrar por los abogados en determinados litigios, que puede variar entre un 11 y un 20% según la decisión del juez, esto cambiaría con la nueva norma, que determinará el monto en forma fija, dando transparencia al procesos y previsibilidad a los profesionales que intervienen en el mismo”.

El texto de la norma, consensuado por ambos Colegios, crea la unidad IUS equivalente al 1 % del salario bruto de un juez de primera instancia con cinco años de antigüedad “estableciendo parámetros objetivos de regulación para juicios sin contenido monetario y porcentajes fijos para aquellos procesos con pretensión dineraria o susceptible de apreciación pecuniaria”.

Sosa afirmó que “la sanción y promulgación de esta norma es un proyecto colectivo de larga data. Necesitamos una ley provincial generada desde la propia abogacía de nuestra Provincia que simplifique y dignifique la valorización de la labor profesional para todos los profesionales en iguales condiciones. En este sentido, quiero destacar el trabajo del Dr. Damonte, que es el presidente de la comisión de Legislación del Colegio e hizo una gran labor en este proyecto de ley”.

“La nueva norma incorpora parámetros objetivos de regulación, y de esta manera el trabajo profesional en juicio no resulta objeto de discrecionalidad judicial, aportando claridad para los profesionales, los clientes, y la magistratura”.

Participaron de la reunión José Rodas, Abdo González Saber, Beatriz Guichapani y Leonardo Plasenzotti por el CPARG y Marisa González, Eduardo Damonte y Susana Sosa por el CPAU.