Ushuaia 28 de julio 2026.- La decisión del Gobierno nacional de subastar tierras de la Armada en Ushuaia, las nueve hectáreas costeras sobre Bahía Golondrina y el lote de la Base Naval desafectado por la Resolución 101/2026 de la AABE, generó una amplia reacción de la oposición política (oficialistas a nivel provincial y municipal), con comunicados, indignación, invocaciones a la soberanía y al patrimonio. Pero  a casi nadie parece interesarle la larga historia de estos predios en la agenda urbana de la ciudad.

Esa historia está escrita. La produjo la propia ciudad, colectivamente, con la participación de sus instituciones y vecinos, incluida la Armada, que integró la Junta Promotora del Plan Estratégico a través del Área Naval Austral. El Plan Estratégico Ushuaia se publicó en 2003, después de dos años de talleres participativos, y sostiene algo bastante distinto de la “verdad revelada” que hoy circula. Hablo con conocimiento de causa: tuve la responsabilidad de coordinar su oficina técnica.

El diagnóstico del eje urbano ambiental describe a las tierras de la Armada en la ciudad como «una barrera de la trama urbana» y agrega que su ubicación en inmediaciones de predios de alto valor inmobiliario, sumada al vacío urbano que genera, «constituye un anacronismo para el desarrollo de la ciudad». Más adelante remata con una definición que hoy parece incomodar: el cambio de políticas respecto de las tierras fiscales del Estado nacional «representa una oportunidad para resolver este nudo urbano que no debería desperdiciar la ciudad».

En la matriz FODA de ordenamiento urbano, la ciudad anotó entre sus oportunidades, y subrayo que entre las oportunidades y no entre las amenazas, la «intención de la Armada de desafectar el sector norte de la Base Naval, Monte Gallinero y Bahía Golondrina». Vale la pena releer esa frase, porque ahí figuran con nombre y apellido los mismos predios que hoy se presentan como intocables baluartes de la soberanía nacional.

El Plan avanzó bastante más allá del diagnóstico. Entre sus proyectos priorizados aparece uno titulado sin eufemismos «Vacíos urbanos», que proponía recuperar para la comunidad los grandes predios del estado nacional (Armada, Vialidad) integrándolos a la trama con usos definidos y «eliminándolos como barreras urbanas». Otro proyecto, el de desarrollo del frente costero, buscaba consolidar el carácter marítimo de Ushuaia y mejorar su integración con el mar.

Tampoco se trató de un documento aislado. Años después, la ciudad elaboró su Plan Urbano, al que el Plan Estratégico remitía expresamente para definir los usos de los vacíos urbanos. El Plan Urbano clasificó a la Península y Bahía Golondrina (21 hectáreas, «propiedad de la Armada Argentina», consigna la ficha) como áreas de expansión de la ciudad, y la Base Naval (26 hectáreas) y Monte Gallinero como áreas de completamiento urbano. Les dedicó proyectos específicos. El Proyecto Nº 3, titulado «La Base Naval», proponía «integrar este sector a la ciudad, proponiendo su urbanización», con sectores residenciales, un corredor central, equipamiento cultural y operadores privados entre los actores y las fuentes de financiamiento. El proyecto de la Península calificaba las tierras de la Armada como «un área privilegiada para ser urbanizada», el sitio con mejor asoleamiento y mejores vistas de la ciudad, y combinaba la «ciudad naval» para la logística antártica con viviendas, espacios públicos y la recuperación de la costa para la recreación. Para Monte Gallinero se preveía comercio, servicios y vivienda. Los tres proyectos consignaban además el mismo estado de situación: convenios en trámite entre la Municipalidad, la Armada y la Provincia.

La línea se sostuvo durante años y atravesó gestiones de todos los colores. El Plan de Manejo Costero, sancionado por la Ordenanza 3838 y actualizado en 2013, propuso un corredor costero público entre la Bahía Encerrada y Bahía Golondrina, y trabajó sobre el supuesto del traslado de la Base Naval a la Península. La planificación local siempre dio por sentado que esas tierras iban a incorporarse a la ciudad. Se discutía cuándo y para qué, nunca si correspondía.

Es cierto que el Plan pedía la desafectación de esas tierras con destino planificado, con la ciudad sentada a la mesa decidiendo los usos. Una subasta al mejor postor, resuelta en Buenos Aires sin una instancia formal de articulación con el Municipio ni con la Provincia, queda lejos de aquel espíritu, y en este punto la crítica al procedimiento tiene fundamento. Conviene decirlo con la misma claridad.

Ahora bien, esa crítica legítima viene acompañada de una omisión enorme. Entre la publicación de aquellos planes y la Resolución 101/2026 pasaron veintitrés años. Como ciudad, tuvimos tiempo de sobra para prepararnos para el día en que el Estado nacional decidiera desprenderse de esas tierras, un escenario que su propia planificación anticipó como probable y deseable. ¿Qué hizo con ese tiempo? Los convenios entre la Municipalidad, la Armada y la Provincia que estaban en trámite en 2003 según consigna el propio Plan Urbano proyecto por proyecto, se dejaron caer sin que nadie los retomara con constancia.

El antecedente más cercano fue la asignación del predio de Bahía Golondrina al programa Procrear en 2012, que no prosperó (sí se llevó adelante el de Monte Gallinero) y eso abre otra arista de la discusión: ¿deben esos predios destinarse a construcción de vivienda social?. Ahora tenemos que discutir todo esto con el martillo del rematador en el aire.

¿Qué destino tienen esos suelos en una ciudad que se quedó sin tierra, que le dio la espalda a su costa y que arrastra vacíos urbanos que la fragmentan?. Algunas de esas hectáreas tienen valor patrimonial genuino, como el primer edificio del presidio, el antiguo cementerio y sectores de potencial arqueológico, y merecen una protección efectiva antes que declamada. Otras pueden y deben incorporarse al desarrollo urbano, con usos mixtos, espacio público garantizado y acceso al borde costero, como hace cualquier ciudad seria con sus frentes marítimos desafectados. Incluso la participación de inversión privada bajo reglas públicas claras resulta perfectamente compatible con la planificación de la ciudad, al punto que el propio Plan Urbano incluía a los operadores privados entre los actores y financistas de los proyectos sobre las tierras públicas del estado nacional.

Ushuaia discutió su futuro una vez, en serio, con todos sentados alrededor de la misma mesa. El resultado está escrito, publicado y firmado por sus instituciones, y antes de rasgarse las vestiduras convendría releerlo. Y preguntarnos por qué, después de veintitrés años de saber que este día iba a llegar, todavía carecemos de un plan para comprar, proteger o transformar esas tierras. El anacronismo, decía el Plan, eran aquellos predios vacíos en el corazón de la ciudad. El de hoy parece ser el de sectores que descubren que deben llevar adelante la planificación urbana recién cuando la venta de aquellos predios es publicada en el Boletín Oficial del estado nacional.