Ushuaia 09 de octubre 2025.- El ingeniero Sergio Raymundo, exfuncionario y referente técnico del sector energético fueguino, advirtió en diálogo con Radio Provincia que la posible transferencia de bienes y funciones de la Dirección Provincial de Energía (DPE) a la empresa estatal Terra Ignis “no es improvisada”, sino “una maniobra política largamente planificada desde las PASO de 2021”.

Raymundo sostuvo que el Gobierno provincial “encontró los consensos políticos necesarios” para avanzar con esta operación, y que “todo fue diseñado desde el inicio para habilitar, por vía reglamentaria, algo que la ley no preveía”.

“Esto lo anticipé hace meses. Era evidente que el Gobierno buscaba el momento político para hacerlo. Lo increíble es cómo encuentran la vuelta legal para hacer cosas que no están autorizadas por ley”, expresó.

El ingeniero explicó que la Ley 1423, que dio origen a Terra Ignis, solo habilitaba a la empresa a realizar actividades vinculadas con hidrocarburos y energías renovables, pero que “a través del Decreto 2037/23, el Ejecutivo modificó el estatuto social” y agregó la facultad de “generar, transportar y comercializar energía eléctrica de cualquier fuente”.

“Eso se introdujo por decreto, sin pasar por la Legislatura. Y ahora utilizan esa modificación para justificar una transferencia de bienes que, a mi entender, debería tener respaldo legal”, señaló.

“No pueden ceder una usina sin ley”

Raymundo fue enfático en que los bienes de la DPE —como la central térmica de Ushuaia— fueron adquiridos con fondos propios, y que su cesión no puede realizarse por decreto ni bajo la excusa de la emergencia energética.

“Para vender una chatarra del Estado se necesita una autorización. Mucho más para transferir una usina. No pueden hacerlo sin ley”, subrayó.

El ingeniero también expresó sus dudas sobre la supuesta participación de capitales chinos en la generación eléctrica:

“No creo que vengan a instalar una central térmica y entregarla para que la opere otro. Si ponen el dinero, la van a operar ellos. Eso sería de ellos, no del Estado fueguino”.

 

Críticas al sindicato y a la falta de control institucional

Raymundo cuestionó la actitud de la dirigencia del Sindicato Austral de Luz y Fuerza, a la que acusó de “acompañar las medidas del Ejecutivo sin medir las consecuencias”, y reclamó la intervención de los organismos de control:

“Si el Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado y la Legislatura hicieran su parte, esto no avanzaría. Pero hasta ahora nadie actúa. Hay una incompatibilidad total de cargos: la ministra Castillo no puede ser ministra y presidenta de la DPE al mismo tiempo”.

El ingeniero recordó que una resolución de la Fiscalía de Estado de 1994 (N° 031/94) ya advertía sobre esa incompatibilidad, y que la actual situación “viola los principios básicos de autarquía y control administrativo”.

“No tenemos energía porque no hicieron los mantenimientos”

Finalmente, Raymundo desmintió que la crisis eléctrica se deba al crecimiento del consumo:

“No tenemos energía porque no hicieron los mantenimientos. Si hubiesen hecho lo que correspondía, la energía alcanzaba perfectamente. Suspendieron los trabajos en 2022 y hoy estamos pagando las consecuencias”.

Y concluyó con una advertencia sobre el futuro del sistema energético fueguino:

“Dicen que esta solución garantiza energía por 40 años. Pero los estudios eléctricos de la DPE muestran que en 2030, dentro de apenas seis años, la demanda va a superar los 80 megavatios. Esa usina no va a alcanzar. Esto no tiene destino”.