Ushuaia 05 de agosto 2026.- El integrante del Comité Provincial contra la Tortura, José Piñeiro, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los lugares de detención en Tierra del Fuego, especialmente tras la investigación que se lleva adelante por la presunta agresión sufrida por tres internos en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande. Además, alertó sobre el hacinamiento en la Alcaidía de Ushuaia, las dificultades de acceso a la salud y la falta de políticas de reinserción.

En diálogo con El Cronista Urbano, Piñeiro explicó que el Comité retomó formalmente sus actividades tras la renovación de autoridades, aunque aclaró que el organismo “nunca deja de funcionar” debido a que las situaciones vinculadas a las personas privadas de la libertad requieren seguimiento permanente.

Respecto del caso ocurrido en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande, sostuvo que el Comité acompaña la investigación desde el primer momento y espera el avance de la causa judicial, que se encuentra a cargo de la jueza Cecilia Catalano y del fiscal Martín Bramati.

“Lo que nos ocupó desde el principio fue analizar cómo intervino el Servicio Penitenciario, si se cumplieron los protocolos correspondientes y cómo respondió la institución ante un hecho de semejante gravedad”, señaló.

Piñeiro indicó que el Comité solicitó los protocolos de actuación de las unidades de detención de Ushuaia y Río Grande para verificar que existan procedimientos claros y que sean conocidos por todo el personal.

Inspecciones en hogares de menores

El consejero también confirmó que el organismo realizó recientemente una visita al dispositivo de cuidados no parentales de Río Grande, continuando con las inspecciones que semanas atrás habían efectuado en Ushuaia.

Explicó que la función del Comité consiste en elaborar informes, recomendaciones y sugerencias, e incluso impulsar denuncias o presentaciones judiciales cuando las circunstancias lo ameritan.

“La situación más preocupante está en Ushuaia”

Piñeiro aseguró que las principales deficiencias se registran en los establecimientos de detención para adultos y particularmente en la Alcaidía de Ushuaia.

Entre los problemas mencionó el hacinamiento, la sobrepoblación y las dificultades para garantizar el acceso a la atención médica.

“A veces cuesta muchísimo que las personas privadas de la libertad puedan acceder a turnos médicos, estudios o incluso urgencias. Hay problemas con los móviles, con los traslados y con la infraestructura. Son inconvenientes constantes”, afirmó.

Recordó además que el Comité promovió en su momento una acción de amparo por las condiciones de detención en Ushuaia. Si bien la presentación fue rechazada, señaló que la Justicia reconoció la existencia de problemas estructurales y recomendó al Poder Ejecutivo adoptar medidas para reducir el hacinamiento, mejorar los espacios comunes y avanzar en nueva infraestructura penitenciaria.

“Hay personas durmiendo en el piso, celdas sobrepobladas y falta de espacios adecuados. En Río Grande, por ejemplo, existe un centro educativo dentro de la unidad; en Ushuaia esas condiciones son mucho más limitadas”, explicó.

“No alcanza con construir más cárceles”

Durante la entrevista, Piñeiro sostuvo que la discusión debe ir más allá de la construcción de nuevos edificios penitenciarios.

Consideró necesario analizar alternativas para determinados detenidos, como el uso de tobilleras electrónicas o prisiones domiciliarias en aquellos casos donde la ley lo permita, especialmente para personas con prisión preventiva.

“Estas tres personas que fueron golpeadas estaban bajo la custodia del Estado y ni siquiera tenían condena. Hay que preguntarse quién responde cuando ocurren hechos de esta gravedad”, remarcó.

También cuestionó la mirada exclusivamente punitiva sobre el sistema penitenciario.

“No podemos seguir pensando únicamente en ‘que se pudran en la cárcel’. Son personas que forman parte de nuestra sociedad y la enorme mayoría algún día recuperará la libertad. Hay que trabajar para que eso ocurra en mejores condiciones”, expresó.

Críticas a las penas perpetuas

Piñeiro también puso el foco en las condenas perpetuas con plazos de revisión fijados en 50 años, una práctica que, según indicó, se aplica en varios casos de la provincia.

“Legalmente puede hacerse, pero termina siendo una condena a muerte encubierta. Si una persona tiene 35 o 40 años y recién podrá acceder a una revisión a los 50 años, desaparece cualquier expectativa de progresividad o de reinserción”, cuestionó.

Finalmente, sostuvo que el problema penitenciario debe abordarse desde una mirada integral.

“Las cárceles están profundamente vinculadas a la realidad social. Hay que discutir por qué ocurre esto y dejar de buscar respuestas simples. Como sociedad no podemos mirar para otro lado cuando hablamos de derechos humanos y de las condiciones en las que el Estado mantiene bajo su custodia a las personas privadas de la libertad”, concluyó.