Ushuaia 11 de marzo 2026.- En medio del creciente conflicto por la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el trabajador estatal José Gómez cuestionó con dureza al Gobierno provincial y a la dirigencia política por la falta de soluciones estructurales al sistema de salud de los empleados públicos.

En declaraciones al programa El Cronista Urbano, Gómez —quien años atrás participó en organizaciones gremiales pero actualmente no integra estructuras sindicales— sostuvo que el principal problema de la obra social es la conducción política del organismo.

“Hace años venimos diciendo lo mismo: el directorio de la obra social tiene que estar en manos de los usuarios, de los trabajadores. Somos los únicos que sabemos cuáles son nuestras necesidades”, afirmó.

Críticas al manejo político

Según planteó, la mayoría dentro del directorio responde al Ejecutivo provincial, lo que condiciona cualquier intento de reforma.

“Los que tienen la mayoría dentro del directorio son los representantes del Gobierno. Usan las mayorías automáticas dependiendo de lo que le conviene o no al Ejecutivo”, señaló.

En ese sentido, aseguró que la situación que atraviesan los afiliados está lejos de ser comprendida por quienes toman decisiones. “Un trabajador que gana un millón de pesos, si le cortan el servicio y tiene que pagar 100 mil pesos en medicamentos, se le desarma todo el mes. Para un funcionario que gana millones es un vuelto”, sostuvo.

Deuda millonaria del Estado

Gómez también apuntó contra la deuda que mantiene el Estado provincial con la obra social. Según indicó, en las asambleas de afiliados se informó que el pasivo total ronda los 23 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 19 mil millones corresponderían al Ejecutivo.

Para el trabajador estatal, la responsabilidad política es directa del gobernador Gustavo Melella. “El responsable es el Ejecutivo provincial. No hay otro. La conducción política de la obra social depende del Gobierno”, afirmó.

Prestadores y conflictos

Gómez también se refirió a las tensiones con prestadores privados de salud, especialmente con clínicas que mantienen convenios con OSEF.

Sin mencionar cuestionamientos al cobro de servicios, criticó que los conflictos terminen afectando directamente a los afiliados. “Si el problema es que el Gobierno no paga, discutí con el Gobierno. No cortes la atención a la gente que está enferma”, sostuvo.

En ese sentido, denunció desigualdad en el acceso a turnos y prestaciones. “Un afiliado de la obra social puede esperar meses para un turno, mientras alguien que paga particular lo consigue en días”, indicó.

Reclamo a la Legislatura

El trabajador también responsabilizó a la Legislatura de Tierra del Fuego por no haber avanzado en reformas estructurales al sistema de administración de la obra social.

“Desde 2016 venimos presentando propuestas para ordenar el directorio y nunca se resolvió nada. Todos los años fuimos a la Legislatura con proyectos”, señaló.

Además cuestionó el rol de la comisión legislativa encargada de los temas sanitarios, presidida por la legisladora Miriam Martínez.

“No es casualidad quién preside la comisión en este momento de crisis. Muchos de los problemas actuales tienen su origen en decisiones políticas que se tomaron hace años”, sostuvo.

“Se está muriendo gente”

Más allá de la discusión institucional, Gómez remarcó el impacto concreto de la crisis sanitaria sobre los afiliados.

“Hay personas que interrumpen tratamientos durante meses o años. Eso significa perder tiempo de vida. Se está muriendo gente”, afirmó.

Para el trabajador estatal, el problema no se resolverá con medidas parciales. “Si no devuelven la obra social a los trabajadores, todo lo demás son espejitos de colores”, concluyó.