Ushuaia 26 de enero 2026.- El proceso de fiscalización que se desarrolla en el puerto de Ushuaia comenzó a arrojar resultados que comprometen la transparencia de la gestión anterior. Los auditores designados por el Gobierno nacional analizan por estas horas un entramado que permitió a determinadas empresas realizar actividades comerciales sin contar con los permisos correspondientes, valiéndose de la estructura de otras firmas que sí poseen el aval oficial.
Uno de los puntos de mayor fricción surge a partir de la presencia de una unidad containera que presta servicios diarios en el playón de maniobras. De acuerdo a los registros de propiedad, el equipo pertenece a la empresa Masciotra, una entidad que carece de la autorización vigente para desempeñarse dentro del recinto portuario. El mecanismo para eludir esta restricción consiste en operar bajo la razón social de Estibajes y Logística Austral SRL, que funciona como la cara visible de la prestación.
Esta modalidad de trabajo indirecto permite que el dueño real de la maquinaria no aparezca en los asientos contables de la terminal ni en los listados de proveedores autorizados. La maniobra revela una contradicción evidente entre la realidad operativa de los muelles y la documentación que descansa en los escritorios, donde se declara a una empresa pero se utiliza la tecnología y el capital de otra que debería estar fuera del circuito.
La lupa de los interventores se posa especialmente sobre Estibajes y Logística Austral SRL por el origen de su habilitación. La firma obtuvo el permiso para trabajar durante el mandato de Roberto Murcia en la presidencia del puerto, bajo la órbita directa de la gobernación de Gustavo Melella. En el sector portuario fueguino, la empresa es señalada de forma recurrente como una estructura con llegada directa a los despachos oficiales de la actual gestión provincial.
En ese sentido, la auditoría intenta trazar una línea de conexión entre la mencionada logística, la sociedad Serrele y distintos integrantes del gabinete fueguino. Esta pesquisa busca confirmar si existió un trato preferencial o una arquitectura legal diseñada para favorecer a personas cercanas al gobernador en el reparto de las utilidades que genera la actividad de estibaje y movimiento de carga.
Los equipos técnicos de la intervención detectaron que este no es un caso aislado, sino que formaría parte de un patrón de conducta previo al desembarco de las autoridades nacionales. Varias compañías que no reúnen los requisitos para ser permisionarias logran sostener su nivel de facturación gracias a este sistema de préstamos de nombre y estructura administrativa, un fenómeno que la investigación promete desarticular en las próximas semanas.
Fuente: Red23noticias
