Ushuaia 05 de marzo 2026.- La situación de la Escuela Especial Kayú Chén de Ushuaia volvió a quedar en el centro de la preocupación de las familias. A casi seis meses del inicio de las obras en el edificio, padres y referentes de la comunidad educativa denuncian que el establecimiento continúa cerrado, sin soluciones concretas para garantizar la continuidad de las clases.

En diálogo con el programa radial El Cronista Urbano, María José Pazos —madre de un estudiante e integrante de la Comisión de Discapacidad de Ushuaia— cuestionó con dureza la falta de planificación por parte del Gobierno provincial y aseguró que la comunidad educativa se encuentra “desmembrada” desde septiembre del año pasado.

“Es un edificio de casi 40 años, claro que necesita obras y modernización, pero no nos pueden dejar como nos están dejando desde septiembre y quién sabe hasta cuándo va a seguir así nuestra escuela”, expresó.

Según recordó, cuando comenzaron los trabajos se había establecido un plazo de ejecución cercano a los 160 días, compromiso que había sido asumido por la entonces ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. Sin embargo, las familias sostienen que no existe hoy una fecha clara para el regreso a la sede.

Pazos explicó que la falta de un edificio alternativo adecuado generó una situación crítica. “Lo que hicieron fue repartir los servicios en distintos lugares, lo que terminó siendo un verdadero desmembramiento de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, familias y equipo directivo. Hace meses que ni siquiera nos vemos”, señaló.

Además, remarcó que muchos alumnos quedaron directamente sin asistir a la escuela durante el último tramo del año pasado. “Muchos chicos quedaron aislados al no tener el servicio en la escuela. Y no hay que olvidar que allí también funciona el comedor, donde muchos reciben su plato de comida caliente”, indicó.

Durante el receso de verano, las familias intentaron acercar propuestas de edificios alternativos. Sin embargo, según denunció Pazos, las opciones presentadas por el Ministerio de Educación resultaron inviables.

Una de ellas fue un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en la zona de calles Hol Hol y Karukinka. “Las aulas son de vidrio, como peceras. No tienen condiciones acústicas ni de seguridad para chicos con discapacidad. Nadie quiere volver a vivir lo que pasó en 2019 cuando varios alumnos se accidentaron con vidrios en la escuela”, advirtió.

Otra alternativa analizada fue la Escuela N°40 para el turno vespertino, pero también fue descartada por problemas de accesibilidad. “Tiene tres pisos con escaleras y no cuenta con rampas adecuadas. Imaginate evacuar a una persona en silla de ruedas en una emergencia”, graficó.

Ante esta situación, docentes de la institución resolvieron declararse en asamblea permanente hasta que se garantice un espacio seguro para el funcionamiento de la escuela.

Pazos también cuestionó la ausencia de respuestas políticas. “En todos estos años el ministro de Educación nunca fue a dar explicaciones a la escuela. Todo se reduce a reuniones, actas y más burocracia, pero sin soluciones reales”, afirmó.

La referente advirtió además que el problema educativo se suma a otras dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en la provincia, como el acceso a pensiones, obra social o transporte escolar.

“En Tierra del Fuego hay más de 6.300 personas con Certificado Único de Discapacidad. Eso significa miles de familias que todos los días tienen que luchar para que se respeten derechos básicos”, señaló.

Finalmente, Pazos lamentó que, mientras continúan los discursos oficiales sobre mejoras en la gestión estatal, la realidad cotidiana de muchas familias siga marcada por la falta de respuestas.

“Vemos discursos, publicaciones y anuncios, pero después nada de eso se refleja en la vida real de nuestros hijos”, concluyó.