Ushuaia 20 de marzo 2026.- La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó un nuevo capítulo de máxima gravedad institucional. El Fiscal de Estado emitió un dictamen en el que advierte sobre una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos, incluyendo el presunto desvío de recursos destinados a pacientes con enfermedades de alto costo, y ordenó la presentación de una denuncia penal.

El informe surge a partir de una denuncia interna que alertó sobre el uso indebido del denominado Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento, creado por la Ley Provincial 1596 para financiar tratamientos complejos como trasplantes, fibrosis quística o esclerosis múltiple.

Desvío de fondos y violación de la ley

Según detalla el dictamen, mediante resoluciones de la presidencia de la OSEF se dispuso la transferencia de $937.119.449,74 desde la cuenta exclusiva de ese fondo hacia una cuenta general de “Recursos y Pagos”, utilizada para afrontar gastos corrientes.

Para el Fiscal de Estado, esta maniobra constituye una desafectación ilegal de recursos, ya que se trata de fondos con destino específico fijado por ley, que no pueden ser modificados por decisión administrativa.

“El cambio de destino no puede justificarse como una readecuación financiera”, sostiene el informe, al remarcar que este tipo de fondos solo puede ser alterado mediante otra ley formal.

Sospechas sobre el destino del dinero

Uno de los puntos más críticos del análisis es la falta de claridad sobre el uso final de los fondos transferidos. De la documentación surge que el dinero habría sido utilizado para cubrir pagos generales de la obra social, incluyendo obligaciones con proveedores y gastos de farmacia, sin relación directa con enfermedades de alto requerimiento.

El Fiscal advierte que esto implica una confusión de fondos, en contradicción con el esquema previsto por la Legislatura, que creó instrumentos diferenciados para atender deudas y para financiar tratamientos de alto costo.

Fallas estructurales y desorden administrativo

Más allá del hecho puntual, el dictamen describe un escenario de graves deficiencias en la gestión de la OSEF:

  • Falta de intervención previa de la Contaduría General

  • Inexistencia de un padrón de pacientes de alto requerimiento

  • Ausencia de criterios de priorización en compras

  • Reiteración de adquisiciones de urgencia con sobrecostos

  • Problemas en la planificación y control del stock farmacéutico

 

Estas falencias, según el Fiscal, no solo afectan la eficiencia del sistema, sino que podrían haber contribuido a generar la situación de urgencia invocada para justificar el uso de los fondos.

La “urgencia” bajo sospecha

El organismo también cuestiona el argumento de la OSEF de haber actuado en un contexto de emergencia sanitaria. Si bien reconoce la situación crítica del sistema, sostiene que la urgencia no habilita a violar la ley.

Incluso plantea como hipótesis que el cuadro de crisis podría haber sido agravado por la propia falta de planificación, y luego utilizado como fundamento para adoptar medidas excepcionales sin respaldo legal.

Posible delito de malversación

A partir del análisis jurídico, el Fiscal de Estado concluye que los hechos podrían encuadrar en el delito de malversación de caudales públicos, al haberse dado a los fondos un destino distinto al establecido por la normativa.

Además, menciona posibles figuras como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, e incluso señala situaciones de presión interna sobre áreas técnicas para ejecutar decisiones cuestionadas.

Riesgo para pacientes y programas sensibles

El dictamen subraya que el desvío de estos recursos tiene un impacto directo en la atención de pacientes con enfermedades graves, al desfinanciar un fondo clave para tratamientos de alto costo.

En ese sentido, advierte que se estaría priorizando una “urgencia administrativa” por sobre una “urgencia vital”, alterando el orden de prioridades definido por el propio legislador.

Denuncia penal y advertencia institucional

Finalmente, el Fiscal de Estado resolvió avanzar con la radicación de una denuncia penal, al considerar que existen elementos suficientes para investigar responsabilidades.

El informe también pone en conocimiento de la situación al gobernador, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, en un contexto donde la OSEF atraviesa una profunda crisis financiera y operativa.

La advertencia es clara: más allá del deterioro estructural del sistema, las soluciones no pueden implicar la vulneración de la ley ni el uso indebido de fondos destinados a garantizar el acceso a la salud de los sectores más vulnerables.