Ushuaia 18 de agosto 2026.- La legisladora, por las Libertad Avanza, Natalia Graciania cuestionó al Gobierno provincial por el manejo del conflicto docente y defendió el proyecto de ley que presentó para garantizar la continuidad educativa durante las medidas de fuerza.

En diálogo con El Cronista Urbano, sostuvo que el Gobierno “dejó que pasara el tiempo” y reaccionó recién cuando el paro por tiempo indeterminado ya había comenzado. “Podría haberse evitado, podría haberse encontrado canales de diálogo mucho antes”, afirmó.

La legisladora planteó que el derecho a huelga debe compatibilizarse con el derecho de los estudiantes a recibir educación. Su proyecto propone garantizar el 75% del servicio educativo en cada establecimiento y turno durante las medidas de fuerza.

“Esto no anula de ninguna manera el derecho constitucional de huelga y protesta”, aclaró, y explicó que la iniciativa busca “poner un equilibrio” entre ambos derechos.

Además, el proyecto contempla la creación de un registro público de días de clases, donde el Ministerio de Educación deberá informar las jornadas efectivamente dictadas, las afectadas por paros, problemas edilicios u otras interrupciones y cómo serán recuperadas.

“La educación es responsabilidad provincial”

Graciania rechazó que la crisis educativa pueda atribuirse exclusivamente al Gobierno nacional. “La educación es materia delegada a las provincias. El principal responsable de que funcione en Tierra del Fuego es el Gobierno provincial a través de su Ministerio de Educación”, sostuvo.

También cuestionó la falta de información oficial sobre la cantidad de días de clases perdidos y advirtió que la crisis no se limita a los salarios docentes, sino que incluye problemas de infraestructura y falta de mantenimiento en los establecimientos.

“Cuando uno ve cómo se reparte el dinero público, se da cuenta de que realmente la educación no es una prioridad”, afirmó.

Finalmente, Graciania pidió generar una mesa de diálogo con todos los sectores para alcanzar consensos y convertir la educación en una política de Estado. “Necesitamos generar los consensos necesarios sobre temas que no pueden esperar más”, concluyó.

Reclamo por el Servicio Penitenciario

Durante la entrevista, también se refirió a la investigación legislativa vinculada con la situación del Servicio Penitenciario en Río Grande y adelantó que se trabaja para volver a convocar al ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals.

Según explicó, los legisladores están coordinando una nueva fecha para la convocatoria, luego de que el funcionario solicitara una reprogramación por cuestiones de agenda. La legisladora también mencionó el reclamo de policías retirados territoriales y sus familias, quienes continúan esperando el pago de haberes jubilatorios complementarios.

“Van ya más de un año sin cobrar sus haberes jubilatorios complementarios y la verdad es que están desesperados por una respuesta concreta”, afirmó.

Graciania señaló que el Gobierno provincial se había comprometido a presentar un proyecto de ley y avanzar en una alternativa para atender la situación, pero que hasta el momento esas iniciativas no ingresaron formalmente.

“Muchos son los temas sobre los cuales tiene que dar una respuesta clara”, concluyó, al anticipar que próximamente se anunciará una nueva citación al funcionario.