Ushuaia 10 de diciembre 2024.- La legisladora Natalia Graciania, de La Libertad Avanza, expresó su enérgico rechazo al proyecto impulsado por legisladores oficialistas, que busca modificar la normativa provincial para facilitar el cambio de género en menores de edad. “Es absolutamente inaceptable que se intente excluir a los padres de decisiones trascendentales en la vida de sus hijos”, afirmó.

La iniciativa legislativa propone simplificar los procedimientos administrativos para que los menores puedan realizar el cambio de identidad de género con menor intervención judicial y, en algunos casos, con el consentimiento de solo uno de sus representantes legales. Según Graciania, esto “despoja a las familias de su rol esencial y deja a los menores en una situación de vulnerabilidad”.

La parlamentaria expresó su negativa ante lo que considera un avance peligroso. “Decimos no a la validación de menores como objeto sexual válido”, aseveró con contundencia, subrayando que el proyecto va en contra de los derechos fundamentales de los niños y el rol protector de los padres.

Además, Graciania denunció que estas propuestas promueven “la hipersexualización de niños y adolescentes” y consideró que las políticas públicas deben centrarse en la protección de los menores, garantizando que las decisiones que afectan su identidad y desarrollo sean tomadas con la supervisión y cuidado parental.

 

Críticas a la constitucionalidad

Para la legisladora, el proyecto del bloque oficialista encabezado por Forja es “abiertamente inconstitucional y nefasto”. Según Graciania, la normativa propuesta vulnera derechos parentales consagrados y podría generar conflictos legales al omitir procesos judiciales en decisiones de alto impacto para los menores.

El proyecto ha generado un fuerte debate en la Legislatura de Tierra del Fuego. Mientras los impulsores defienden la propuesta como un paso hacia la ampliación de derechos, sectores opositores, como el bloque de La Libertad Avanza, denuncian que se trata de una medida que atenta contra la estructura familiar y la protección integral de la infancia.

La discusión de esta normativa promete seguir siendo un tema central en la agenda política de la provincia, enfrentando posturas sobre derechos, protección y el papel del Estado frente a las decisiones familiares.