Ushuaia 30 de junio 2026.- La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, expresó su preocupación por el desarrollo del concurso público para designar al próximo Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego y advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso de evaluación de los postulantes. Además, se refirió a la investigación por las presuntas agresiones a internos en la Unidad de Detención de Río Grande y reclamó información oficial sobre el caso.

En declaraciones al programa El Cronista Urbano, Gracianía explicó que su intervención no estuvo motivada por la situación de un postulante en particular, sino por la cantidad de aspirantes excluidos durante la primera etapa del concurso.

“La motivación no está en ningún postulante en particular, sino en que las cosas se hagan bien, con transparencia, reglas claras e igualdad de oportunidades para todos”, afirmó.

“Me preocupó que 45 de 63 postulantes fueran excluidos”

La legisladora recordó que el pasado 10 de junio presentó un escrito ante el tribunal evaluador solicitando la suspensión del proceso y la revisión de las exclusiones.

Según indicó, de los 63 inscriptos, 45 fueron rechazados por cuestiones formales, de los cuales 38 habrían sido excluidos por no acreditar los cinco años de residencia exigidos por la ley.

“Me pareció una cifra demasiado alta de excluidos y por eso pedí que se revisaran todos los casos”, explicó.

Gracianía señaló que, tras recibir la respuesta del tribunal, detectó situaciones que, a su entender, evidencian la aplicación de criterios diferentes entre los postulantes.

“De las propias actas surge que hubo criterios aplicados con discrecionalidad. A algunos postulantes les aceptaron determinada documentación y a otros no. Incluso hubo siete personas a las que se les otorgó un plazo de gracia excepcional para completar documentación, mientras que a otros no.”

Por ese motivo presentó un recurso de reconsideración solicitando precisiones sobre los parámetros utilizados para evaluar el requisito de residencia.

“El tribunal habla de libertad probatoria, pero nunca explica qué considera medios idóneos para acreditar la residencia. Eso genera incertidumbre y dudas sobre si todos fueron evaluados con las mismas reglas.”

Rechazó una reunión “a puertas cerradas”

La legisladora confirmó que el tribunal evaluador la convocó a una reunión para responder sus planteos, aunque decidió no asistir.

“A mí no me interesa una reunión a puertas cerradas. Lo que corresponde es que se convoque a todos los postulantes excluidos y se expliquen públicamente los criterios utilizados.”

Sostuvo que la transparencia no constituye una opción sino una obligación en un concurso público destinado a cubrir un cargo institucional por cinco años.

“Primero hay que despejar cualquier duda respecto de la discrecionalidad del tribunal. Después recién continuar con las siguientes etapas del concurso.”

También recordó que será la Legislatura quien finalmente deberá refrendar la terna que resulte del proceso.

“El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de garantizar que este concurso sea absolutamente transparente.”

Pedido de informes por la Unidad de Detención

Durante la entrevista, Gracianía también se refirió a la investigación por las presuntas agresiones a internos ocurridas en la Unidad de Detención de Río Grande, causa en la que recientemente se solicitó el apartamiento de la jueza interviniente.

La legisladora recordó que la Comisión de Seguridad había citado al jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, para brindar explicaciones, aunque el funcionario justificó su ausencia por compromisos oficiales en Buenos Aires.

“Nos reunimos igual porque entendemos que es un tema muy delicado. Queríamos conocer cuáles fueron las medidas preventivas adoptadas y cómo se está trabajando actualmente en la Unidad de Detención.”

Explicó que la convocatoria se había previsto bajo carácter reservado para no interferir en la investigación judicial.

“Hay una investigación judicial en curso y no queremos entorpecerla, pero también existen decisiones administrativas y disciplinarias sobre las que el Poder Ejecutivo debe brindar información.”

Gracianía indicó que la Comisión resolvió volver a citar al jefe de Gabinete y aguarda la remisión de la documentación solicitada.

“Hay mucha información extraoficial circulando. Nosotros necesitamos contar con información oficial para poder ejercer el control que le corresponde a la Legislatura.”

Finalmente, adelantó que además de este caso la Comisión buscará avanzar en otros temas pendientes relacionados con el sistema penitenciario y con el proyecto de creación de la Policía Territorial, iniciativa que aún no fue remitida por el Ejecutivo provincial pese al compromiso asumido.