Ushuaia 25 de junio 2025.- La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, valoró el desarrollo de las comisiones legislativas que se realizaron el lunes en la Legislatura fueguina, donde se abordaron dos temas de alta sensibilidad social: la modificación de la ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego y la crítica situación financiera de la obra social estatal OSEF.
“Hubo momentos de tensión, sí, pero celebro que podamos debatir estos temas públicamente, que todas las voces sean escuchadas y que distintos sectores estén representados”, expresó Graciania.
En relación al tratamiento del proyecto de modificación de la Ley Provincial N° 1355, que busca habilitar el desarrollo de la acuicultura en la provincia, la legisladora defendió la propuesta presentada por su bloque, junto a su compañero Agustín Coto. “Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura, promoviendo inversiones y generación de empleo, pero sin descuidar el ambiente”, afirmó.
Graciania detalló que el proyecto impulsa la incorporación del sistema RAS (Recirculación Acuícola en Sistemas Cerrados) y la eliminación del tope de producción actualmente vigente. “No estamos de acuerdo con destruir el medio ambiente para promover una actividad económica, pero tampoco con prohibir una actividad por posiciones ambientalistas extremas. Hay un punto medio donde se pueden establecer controles y hacer las cosas bien”, sostuvo.
Frente a las inquietudes sobre la posibilidad de habilitar la salmonicultura en el canal Beagle, lagos o lagunas, la legisladora fue enfática: “Nuestro proyecto prohíbe expresamente el cultivo de salmónidos en aguas lacustres y marítimas. Ese temor no tiene fundamento en lo que proponemos”.
OSEF: “Nos fuimos con más preguntas que respuestas”
En otro tramo de la jornada, se abordó la crítica situación de la obra social OSEF. Graciania manifestó su preocupación: “Nos quedamos con más preguntas que respuestas. Se habla de un déficit mensual de cinco mil millones y una deuda acumulada enorme, pero no hubo precisiones sobre las medidas de ajuste que se están tomando”.
En este sentido, cuestionó la falta de claridad sobre los gastos administrativos, el número de cargos políticos, la tercerización de la compra de medicamentos a través de la FACAF, y la ausencia de datos concretos sobre cuánto dinero se necesita para atender los pagos urgentes a prestadores.
“Nos piden que votemos un proyecto de ley de emergencia con términos abstractos y sin números claros. No podemos dar un cheque en blanco con fondos públicos. La situación es muy delicada y necesitamos información concreta para tomar decisiones responsables”, advirtió.
Por último, informó que este jueves se convocará a una nueva comisión para tratar un dictamen propuesto por el oficialismo, aunque reconoció que aún no hay precisiones sobre su contenido. “No sabemos si será en base al proyecto actual o a una nueva propuesta. Lo cierto es que hay muchas dudas todavía”, concluyó.
