Ushuaia 10 de junio 2025.- La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, se refirió a dos de los temas más sensibles que atraviesan la agenda política y social de Tierra del Fuego: la profunda crisis en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y las dudas en torno al uso de fondos en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública.

Consultada sobre las recientes manifestaciones del gremio ATE frente a la Legislatura provincial, Gracianía señaló que “todavía no tenemos fecha de la próxima sesión” y advirtió que aún no se ha ingresado al debate de los seis proyectos de ley presentados en torno a la crisis de la obra social. “Hemos escuchado a representantes de gremios, del Tribunal de Cuentas, asociaciones de discapacidad y jubilados, pero ni siquiera logramos que el directorio de OSEF concurra a dar explicaciones”, expresó.Según detalló, uno de los proyectos –el presentado por el oficialismo de Forja y avalado por el directorio de la obra social– “plantea una inyección de fondos sin decir de dónde saldrán, cuánto será ese monto o cuál es la deuda consolidada con prestadores”. A su vez, criticó la falta de claridad en el artículo que crea un “fondo de contingencia financiado con superávit y donaciones”, cuestionando: “¿De qué superávit hablan? ¿Quiénes van a donar? Todo es muy vago”.

Gracianía insistió en que “es imperativo que el directorio de OSEF y el Ministerio de Economía vengan a dar explicaciones. Queremos saber si están en condiciones reales de afrontar este salvataje y qué plan concreto tienen”.

La legisladora también apuntó contra el crecimiento de la planta política de OSEF en medio de la crisis. “Se filtró que hay nuevas contrataciones, lo preguntamos y el director por los activos reconoció que este año creció la planta política. Entonces, si hay crisis, ¿por qué no hay recortes? ¿Por qué se sigue ampliando el gasto?”, cuestionó.

Dudas sobre la “cárcel de Durlock” y la emergencia en seguridad

Por otro lado, Gracianía fue consultada por la polémica en torno a la remodelación del Anexo N°4 del Servicio Penitenciario, conocido mediáticamente como la “cárcel de Durlock”, donde se habría destinado una inversión de $220 millones. En este punto, la legisladora recordó que la Ley de Emergencia en Seguridad –impulsada y aprobada el año pasado– incluía una partida de $4.000 millones autorizada por el Ministerio de Economía para infraestructura, capacitación y tecnología.

“Esa ley fue votada por unanimidad y no se vetó ni una coma. Pero el Gobierno no la está cumpliendo. Primero dijeron que no tenía fondos, lo cual es falso. Y después, comenzaron a gastar sin haber presentado el plan de inversiones que exige la norma”, denunció.

 

Gracianía confirmó que el jefe de Gabinete, Agustín Tita, fue citado y asistió a la Comisión de Seguridad en Río Grande, donde aseguró que estaban trabajando en ese plan junto a una universidad. “Hasta hoy no lo presentaron. Y mientras tanto, avanzan obras con paneles de Durlock y sin la transparencia que exige el uso de fondos públicos”, advirtió.

Además, lamentó la falta de participación legislativa en las inspecciones a la obra: “Vimos en los medios que hubo recorridas oficiales, pero a nosotros no nos invitaron. Desde nuestro bloque vamos a volver a exigir información porque estamos comprometidos con el control de los recursos y con la seguridad real, no con anuncios vacíos”.