Ushuaia 01 de septiembre 2025.- En diálogo con El Cronista Urbano, el abogado Francisco Giménez trazó un duro diagnóstico sobre la situación educativa de Tierra del Fuego, a raíz del amparo presentado por un grupo de padres de la Escuela N° 32 de Río Grande, que reclaman al Estado provincial garantizar el derecho a la educación de sus hijos, tras cumplirse apenas el 30% del ciclo lectivo.

“Esto no es nuevo, venimos con medidas de fuerza y problemas edilicios desde hace más de 15 años, pero hoy la degradación es peor”, advirtió Giménez. Según el letrado, la proyección para fin de año es alarmante: de los 180 días de clases previstos por ley, los alumnos apenas llegarían a 60. “Es una tragedia educativa que el Gobierno no parece dimensionar, porque sus funcionarios no envían a sus hijos a la escuela pública”, cuestionó.

“No es una pelea de pobres contra pobres”

El abogado evitó responsabilizar directamente a los docentes:

“Los gremios tienen derecho a reclamar mejoras salariales y laborales, y los padres a exigir clases para sus hijos. El conflicto no debe convertirse en una pelea de pobres contra pobres. La obligación de garantizar la educación es del Gobierno provincial”.

Giménez recordó que, pese a exhortaciones del Fiscal de Estado para que el Ministerio de Educación actúe frente a las medidas del SUTEF, “no hay acciones concretas ni resultados”. Señaló que en otras provincias, como Santa Cruz, se tomaron medidas efectivas para reducir el ausentismo, incluso con presentismo docente como incentivo.

Impacto social y desigualdad creciente

El letrado advirtió sobre el impacto a largo plazo:

“La escuela pública es el único espacio que iguala, pero si no hay clases, se profundiza la desigualdad. Mientras los hijos de funcionarios completan su educación en escuelas privadas, los nuestros quedan relegados y con menos oportunidades para el futuro”.

Según Giménez, la situación afecta directamente la vida familiar: padres que deben faltar al trabajo, reorganizar sus días a último momento y niños que sufren la interrupción de su rutina escolar. “Es un daño educativo y social, y en sectores vulnerables esto marca un destino”, afirmó.

El amparo y la expectativa judicial

El recurso presentado en el Juzgado Civil y Comercial de Río Grande busca una medida cautelar urgente para que el Estado garantice la continuidad de las clases y la provisión de contenidos mínimos. Giménez espera que, en base a antecedentes como el de 2008, la Justicia ordene al Ejecutivo tomar medidas inmediatas.

“El juez no va a decir qué hacer, pero sí exigirá que se tomen todas las acciones que la Constitución habilita para cumplir con la obligación de garantizar la educación. Si no lo hacen, deberían aplicarse multas personales a los responsables”, advirtió.

 

Crítica a la falta de planificación

El abogado también cuestionó la ausencia de políticas a largo plazo:

“No hay proyección de nuevas escuelas ni inversión seria en infraestructura. Las pocas que existen tienen problemas de gas, agua o plagas. Y a la mínima excusa, como viento o nieve, se suspenden las clases”.

Para Giménez, el problema de fondo es político y estructural: “Hace más de 20 años que vivimos esta crisis. Cambian los gobiernos, pero la situación sigue igual o peor. Si los funcionarios tuvieran a sus hijos en la escuela pública, esto se resolvería rápido”.