Ushuaia 19 de septiembre 2016.- Con el objetivo de facilitar el Acceso a Justicia y la promoción, difusión e implementación de políticas relacionadas con los Derechos Humanos y con los Programas de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en la Provincia de Tierra del Fuego, el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Superior Tribunal de Justicia firmaron un convenio.El Ministerio se compromete a prestar a través de la Secretaria de Derechos Humanos, en forma periódica, el servicio de orientación y asistencia integral para las consultas que se realicen en la Casa de Justicia de Tolhuin, y que por supuesto refieran a la materia de su incumbencia. En tal sentido, y con miras a viabilizar la concreción de esta última el Superior Tribunal de Justicia se compromete a facilitar las instalaciones edilicias junto a los equipos y materiales que dispone la Casa de la Justicia.
Asimismo, ambas instituciones convienen en articular modos de trabajo que contemplen la utilización de los Centros de Mediación y la Casa de la Justicia, con el propósito de de derivar aquellos casos que ingresen a la órbita de la secretaria antes mencionada y que ameriten la aplicación de métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en general.
De forma paralela, las partes intervinientes se comprometen a la realización de un conjunto de actividades vinculadas a la difusión y promoción de derechos así como al dictado de cursos de capacitación destinados tanto a los agentes y funcionarios de la secretaria de Derechos Humanos, en torno a la técnica y métodos alternativos de resolución de conflictos, y para los operadores judiciales de Casa de Justicia y los Centros de mediación referidos a cuestiones propias área de la Secretaria de Derechos Humanos.
Para su ejecución desde el Superior Tribunal de Justicia se resolvió designar al Director de Métodos alternativos de Resolución de Conflictos, y por su parte, el Ministerio al Secretario de Derechos Humanos. Los funcionarios deberán elaborar un programa de actividades como así también realizar las evaluaciones pertinentes, las cuales tendrán que ser elevadas a las autoridades que suscriben dicho convenio.
El acuerdo tendrá una duración de tres años y se podrá renovar en forma indefinida, siempre y cuando ninguna de las partes hiciera mención expresa en contrario con una antelación de 90 días antes de su vencimiento.
