Ushuaia 03 de septiembre 2026.- En declaraciones a El Cronista Urbano, Daniel Guzmán explicó los alcances de la presentación judicial impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) junto a abogados ambientalistas. Se trata de una acción preventiva por daño ambiental de incidencia colectiva que también incorpora la defensa de la soberanía argentina.

El objetivo es impedir que las compañías vinculadas al proyecto Sea Lion o León Marino avancen con la perforación y extracción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas. Según explicó Guzmán, el desarrollo contempla 23 pozos y una producción inicial estimada en 520 millones de barriles.

Los impulsores de la demanda mantuvieron una reunión con la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ante quien expusieron su preocupación y presentaron antecedentes recopilados durante una década de seguimiento de la actividad petrolera británica en el Atlántico Sur.

“No se trata solamente de proteger el ambiente, sino también de defender la soberanía como un derecho concreto y material”, sostuvo Guzmán, quien advirtió que las empresas se encuentran cada vez más cerca de iniciar la perforación y extracción de recursos naturales argentinos.

En paralelo, los representantes del reclamo buscaron respaldo político en Tierra del Fuego. Mantuvieron reuniones con funcionarios municipales, concejales y legisladores, además del intendente de Río Grande, Martín Perez, quien manifestó su intención de acompañar la demanda y promover la participación de otros municipios costeros, entre ellos Río Gallegos y Comodoro Rivadavia.“Fuimos a buscar acompañamiento político porque no lo encontramos en el Gobierno nacional”, cuestionó Guzmán. Según explicó, una eventual resolución judicial favorable necesitará respaldo institucional para poder avanzar frente a empresas radicadas en el extranjero.

El excombatiente recordó además una causa iniciada en 2015, en la que la Justicia Federal había dispuesto embargos, secuestros y notificaciones contra compañías involucradas en actividades petroleras consideradas ilegales en Malvinas. Sin embargo, aseguró que los exhortos internacionales no lograron avanzar más allá de la Cancillería.

A partir de ese antecedente, reclamó que intervengan el Senado, la Cámara de Diputados y las comisiones vinculadas con Relaciones Exteriores, Hidrocarburos y Economía.

“Es necesaria una presión legítima para que esto no comience en Tierra del Fuego y después sucumba en el mar de la nada”, advirtió.

Guzmán consideró que Tierra del Fuego tiene una responsabilidad central en la defensa de los recursos del Atlántico Sur, aunque el conflicto tenga alcance nacional e internacional. En ese sentido, contrastó la situación de las áreas hidrocarburíferas bajo control argentino, donde se registra una caída de la actividad y del empleo, con el avance de proyectos de explotación petrolera en las Islas Malvinas.

“Si Tierra del Fuego no da el puntapié inicial, ¿quién lo va a hacer?”, planteó.

Finalmente, el veterano remarcó que el acompañamiento político e institucional será determinante para intentar frenar el proyecto petrolero y defender tanto el ambiente del Atlántico Sur como los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina.