Ushuaia 11 de agosto 2026.- El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, presentó un proyecto de ordenanza para crear en el Concejo Deliberante de Ushuaia una Comisión Investigadora Especial sobre el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas Municipal.
La iniciativa plantea evaluar la legalidad, transparencia, eficiencia, celeridad y regularidad administrativa de los procedimientos que se desarrollan en esa dependencia, responsable del análisis, autorización, fiscalización y control de las obras que se ejecutan en la ciudad.
El proyecto surge a partir de distintos reclamos vinculados con demoras en expedientes, diferencias en los tiempos de resolución, aplicación de criterios administrativos y otorgamiento de excepciones, situaciones que, según los fundamentos, requieren un análisis institucional objetivo e independiente.
Qué propone investigar
La comisión tendría como período de análisis todas las actuaciones, expedientes, permisos de obra y resoluciones administrativas desarrolladas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la finalización de sus funciones. Estaría integrada por un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante.
Entre sus atribuciones se incluye revisar los circuitos de tramitación de expedientes, investigar eventuales demoras injustificadas o tratamientos preferenciales, analizar el cumplimiento del Código de Planeamiento Urbano y del Código de Edificación, y revisar los fundamentos de las excepciones otorgadas.
Además, la comisión podría requerir documentación, realizar inspecciones y convocar a funcionarios municipales, agentes, profesionales de la construcción y particulares vinculados con las actuaciones investigadas. El proyecto establece la obligación de los funcionarios y agentes municipales de comparecer y aportar la documentación requerida, dentro del marco legal vigente.
La propuesta también contempla la participación de consultores técnicos externos, provenientes de la UNTDF, colegios profesionales o especialistas independientes en derecho administrativo, urbanismo, agrimensura e ingeniería civil. La comisión tendría un plazo de 120 días corridos, prorrogable por una única vez por hasta 60 días, para elaborar su informe técnico y dictamen final.
Desde sus fundamentos, la iniciativa aclara que no busca establecer responsabilidades anticipadas, sino generar una herramienta de control que permita determinar si existen irregularidades o deficiencias y, en función de los resultados, impulsar medidas correctivas y mejoras en la gestión municipal.
Finalmente, el proyecto establece que, si durante la investigación surgieran indicios de irregularidades graves, faltas éticas o presuntos delitos, las actuaciones podrían ser remitidas a la Sindicatura General Municipal o a la Justicia, según corresponda.
