Ushuaia 25 de junio 2026.- El concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Vladimir Espeche, presentó un pedido formal de información ante la Sindicatura General Municipal para que investigue la situación financiera, previsional y laboral de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), luego de las denuncias públicas sobre posibles incumplimientos en el pago de salarios y aportes.
La nota, ingresada el 24 de junio, solicita al organismo de control que informe de manera oficial si la empresa municipal cumple regularmente con el pago de haberes de la totalidad de sus trabajadores y que detalle el cronograma de pagos correspondiente a los últimos seis meses.
Además, el edil requirió conocer si UISE deposita en tiempo y forma los aportes personales retenidos y las contribuciones patronales destinadas a los organismos previsionales, fiscales y de la seguridad social, tanto nacionales como provinciales, indicando si existen saldos pendientes.
Otro de los puntos del pedido apunta a determinar el estado actualizado de las deudas que pudiera mantener la empresa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), discriminando capital, intereses, multas y eventuales procesos de regularización.
Asimismo, Espeche solicitó que se informe si UISE posee moratorias, planes de facilidades de pago o convenios de refinanciación por obligaciones previsionales, fiscales o de seguridad social. En caso afirmativo, pidió conocer los montos comprometidos, las cuotas abonadas y pendientes, los intereses devengados y si existen investigaciones vinculadas a un eventual perjuicio fiscal.
El concejal fundamentó el requerimiento en las atribuciones que la Carta Orgánica Municipal otorga a la Sindicatura General para ejercer el control externo de la administración pública, fiscalizar el uso de los recursos municipales y realizar auditorías e investigaciones especiales cuando existan hechos que puedan comprometer la legalidad o la transparencia en la gestión.
Finalmente, Espeche solicitó que toda la documentación respaldatoria sea remitida dentro del plazo legal de diez días hábiles, con el objetivo de esclarecer la situación de la empresa estatal y brindar certezas tanto a los trabajadores como a la comunidad.
