Ushuaia 05 de febrero 2026.- El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió, mediante una acordada, la suspensión de compras, viáticos, designaciones y concursos de personal, como parte de un conjunto de medidas de austeridad frente al impacto presupuestario generado por la reconducción del Presupuesto Provincial.
La decisión se produce luego de que el Gobierno provincial decretara la reconducción de las partidas 2025 a través del Decreto 32/2026, ante la falta de consensos legislativos para sancionar una nueva Ley de Presupuesto. Según el STJ, esta situación implica una reducción del 14% respecto de los recursos proyectados, lo que afecta de manera directa la capacidad operativa, administrativa y de gestión del Poder Judicial.
Entre las principales medidas, se estableció la limitación de compras de bienes e insumos únicamente a lo estrictamente indispensable, priorizando contratos vigentes. El uso de caja chica quedará reservado exclusivamente para urgencias debidamente justificadas.
Además, se suspendieron las designaciones de personal, el inicio de nuevos concursos, promociones y ascensos, así como también la compra de computadoras, monitores y periféricos, salvo autorización expresa y fundada del propio Tribunal.
En materia de traslados y comisiones, se dispuso la suspensión del reconocimiento de viáticos en todos los niveles, y las comisiones de servicio solo serán autorizadas en casos excepcionales y con crédito presupuestario suficiente.
Respecto a obras públicas, su ejecución quedará supeditada a la disponibilidad de fondos, manteniéndose únicamente la obra del muro de contención ya autorizada. También se restringirá el uso del parque automotor y se promoverá el uso de recursos tecnológicos para comunicaciones y envío de documentación digital.
El STJ recomendó asimismo extremar las medidas de austeridad en todas las dependencias judiciales, reduciendo al mínimo indispensable gastos en impresiones, energía eléctrica, gas, telefonía y consumo de insumos de librería. También se suspendió la celebración de nuevas locaciones de inmuebles, priorizando la optimización de los espacios físicos disponibles.
Las medidas tendrán vigencia mientras persistan las actuales condiciones presupuestarias y serán evaluadas cada 90 días. El Tribunal aclaró que, como criterio prioritario, se deberá garantizar en todo momento la continuidad del servicio de justicia, especialmente en materias sensibles y de atención urgente.
Finalmente, la Secretaría de Superintendencia y Administración deberá elevar informes trimestrales al Superior Tribunal sobre el impacto de las medidas, el nivel de ejecución presupuestaria y la detección de eventuales áreas críticas.
