Río Grande 24 de julio 2025.- En contacto con El Cronista Urbano, el contador Ramón Gallardo, integrante de la Cámara de Comercio de Río Grande, analizó en profundidad el impacto del decreto nacional 334/25 y las resoluciones que habilitan el sistema de ventas puerta a puerta de productos fabricados en Tierra del Fuego. Según el especialista, la medida representa una herramienta clave para fortalecer el régimen de promoción industrial y frenar la salida de divisas por compras en plataformas extranjeras como Amazon o TEMU. Sin embargo, advirtió que la Provincia debe acompañar bajando impuestos distorsivos que hoy encarecen los productos fabricados en la isla.

“El sistema puerta a puerta ya está implementado y es un cambio importante. Por primera vez, los productos fueguinos podrán llegar directamente al consumidor del continente sin intermediarios, lo que puede significar un precio mucho más competitivo”, explicó Gallardo.

La medida permite que cada ciudadano del territorio continental argentino compre hasta tres productos por año, de hasta 3.000 dólares cada uno, directamente a las fábricas radicadas en Tierra del Fuego. Inicialmente, están habilitados cinco rubros: televisores, celulares, microondas, aires acondicionados y monitores.

“Este sistema no solo busca fortalecer la industria nacional, sino también reducir la fuga de dólares. En junio, se fueron 72 millones por compras directas desde el exterior. En seis meses, fueron 315 millones. Ojalá una parte de ese dinero quede en Tierra del Fuego”, insistió.

 

Presión impositiva que asfixia

No obstante, Gallardo fue enfático al señalar que para que la iniciativa funcione plenamente, la Provincia y los municipios deben asumir un rol activo en la mejora de las condiciones fiscales para las empresas. “Un celular que se produce en Río Grande puede costar 900 dólares de fábrica, pero cuando llega al norte del país, puede estar entre 1.500 y 1.800 dólares. ¿Por qué? Por la acumulación de impuestos: ingresos brutos, tasa de verificación del proceso productivo, tasas municipales, costos logísticos y financieros. La presión tributaria total supera el 50%”, detalló.

Para el contador, si bien el gobierno nacional avanzó quitando aranceles e impuestos internos, el esfuerzo debe ser compartido. “La provincia debería reducir ingresos brutos, tasas municipales y otros tributos que son distorsivos. Si queremos sostener el empleo, hay que hacer un esfuerzo compartido”, remarcó.

Actualmente, el régimen de promoción industrial cuenta con unas 8.400 personas empleadas, cuando supo tener más de 11.000. “Esto motoriza la economía local. Si crece la producción, crece el empleo y el consumo. Lo que el Estado deja de recaudar por un lado, lo recupera por otro”, argumentó.

 

Empresas y exclusiones

Según indicó Gallardo, unas 20 empresas estarían en condiciones de participar de esta modalidad, aunque todo dependerá de que implementen plataformas de venta online con los requerimientos exigidos por la normativa. Algunas, como Mirgor o Newsan, ya estarían buscando locales para sumar venta directa en la provincia.

Sin embargo, el régimen tiene exclusiones que generan preocupación. Las textiles no fueron incluidas, al igual que los emprendimientos que utilizan materias primas fueguinas con valor agregado, como los que trabajan con madera de lenga o producen alimentos balanceados para mascotas. “Lamentablemente, esas pymes quedaron afuera. Esperamos que puedan ser incorporadas en una próxima etapa”, señaló.

 

“Una Amazon fueguina”

Gallardo resumió el potencial del sistema con una comparación: “Hoy Tierra del Fuego puede ser una Amazon más, pero desde adentro del país. Eso implica mayor empleo y más ingresos para el Estado. Pero para que funcione, hace falta voluntad del sector público y privado”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades fueguinas: “Mientras no tengamos una alternativa concreta para ampliar la matriz productiva, con falta de infraestructura básica como puertos o energía suficiente, tenemos que defender lo que tenemos. El régimen industrial es el motor económico de la provincia. El Estado provincial tiene que ponerse la barba en remojo”.