Ushuaia 27 de septiembre 2026.- La fachada diplomática construida en Santiago entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, el pasado jueves 3 de este mes, terminó de desmoronarse por la vía menos pensada: la propia voz del ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros Tocornal. En una entrevista concedida en las últimas horas a Radio Polar de Magallanes, el jefe de la cartera castrense trasandina no solo avaló abiertamente el corredor comercial marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, sino que adoptó de manera explícita la doctrina colonial británica al sostener que el Reino Unido es un «país amigo» que «ejerce soberanía» hace 200 años en el archipiélago y supeditar cualquier reclamo a la «voluntad» de los ocupantes.
Las declaraciones de Barros no provienen de un actor marginal de la política chilena. Se trata del influyente abogado corporativo de 68 años —formado en Harvard y la London School of Economics, fundador del megabufete Barros & Errázuriz y asesor tributario durante más de tres décadas del expresidente Sebastián Piñera— que el 11 de marzo de 2026 asumió la conducción civil de las Fuerzas Armadas bajo la administración de Kast. Su pronunciamiento transparenta la verdadera doctrina de defensa real que rige en el Palacio de La Moneda frente al Atlántico Sur.
La adopción del libreto británico: De la «soberanía de hecho» a la «voluntad» de los isleños
En el registro sonoro emitido por la emisora chilena, Barros intentó ensayar un equilibrio formal, pero terminó dinamitando la postura histórica de apoyo irrestricto al reclamo argentino:
“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo, ¿no es cierto?, hace 200 años ejerce soberanía sobre la… Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, afirmó textualmente el titular de Defensa.
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La afirmación encierra una gravedad institucional inusitada:
- El reconocimiento de la ocupación: Al declarar públicamente que Gran Bretaña «hace 200 años ejerce soberanía», el ministro de Defensa chileno desnaturaliza la condición de usurpación colonial condenada por la Resolución 2065 de la ONU, transformando un despojo territorial por la fuerza en un título válido de «hecho».
- La trampa de la «voluntad»: Al condicionar la solución a respetar la «voluntad» de los habitantes británicos, Barros abraza el argumento de la autodeterminación que Londres utiliza en Ginebra para eludir las negociaciones bilaterales con Argentina. Las resoluciones de Naciones Unidas reconocen los intereses de la población de las islas, pero rechazan categóricamente su voluntad, dado que se trata de una población implantada que no constituye un pueblo sojuzgado.
Respaldo abierto a la ruta Punta Arenas–Malvinas
Lejos de tomar distancia de la maniobra mercantil impulsada por el alcalde Claudio Radonich junto a la naviera Easter Island y los directivos coloniales de la FIDC, el ministro de Defensa chileno blindó la operación:
“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconveniente en que se desarrollen esas actividades”, aseveró Barros en Radio Polar.
Para el ministro que aglutina la conducción militar del gobierno de Kast, la soberanía territorial y la seguridad estratégica regional quedan subordinadas al libre comercio y a las leyes locales. Con esta definición, el ministerio que comanda el Ejercito, la Armada y a la Fuerza Aérea de Chile; deja en claro que no moverá un dedo para obstaculizar el primer zarpe previsto para noviembre de 2026, del barco de la Easter Island.
Desconocimiento del Mercosur: «Son compromisos políticos, no obligatorios»
El tramo más revelador de la entrevista expone cómo Chile concibe sus obligaciones vecinales. Consultado sobre las restricciones y el impacto que este puente marítimo genera sobre las exploraciones hidrocarburíferas y mineras en el área en litigio, Barros relativizó el peso de los tratados sudamericanos:
“Hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los compromisos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur, en el sentido de que se apoyaba de una manera más categórica, más parcial, la pretensión argentina”, sostuvo sin sonrojarse.
Para el jefe de la Defensa trasandina, la Declaración del Mercosur de 2011 —mediante la cual los Estados partes y asociados, incluido Chile, se comprometieron formalmente a impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas o brinden soporte al saqueo de los recursos en disputa— es una mera manifestación prescindible. La calificación de ese histórico consenso como algo «no obligatorio legalmente» y de carácter «parcial» dejando sin efecto práctico el compromiso que el propio Kast le firmó a Milei el 3 de septiembre respecto a «evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales» en materia pesquera e hidrocarburífera.
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Caída de máscaras en el tablero austral
Las palabras de Fernando Barros Tocornal terminan de clarificar el tablero geopolítico:
- La alianza británica consolidada: El ministro que hace apenas semanas se reunía a puertas cerradas con el embajador del Reino Unido, David Concar, para profundizar la cooperación militar bilateral, es el mismo que hoy llama públicamente a Gran Bretaña «país amigo» y convalida la presencia colonial en el Atlántico Sur.
- El desprecio por la legislación argentina: Chile no solo permite que Punta Arenas se convierta en la cabecera de playa para el abastecimiento del yacimiento petrolero Sea Lion, sino que considera que las leyes de la Nación argentina que gravan el contrabando colonial en aguas jurisdiccionales no tienen aplicabilidad frente a sus intereses comerciales.
- El desafío al Estado argentino: Con una delegación colonial que desembarcará en Punta Arenas los días 28 y 29 de septiembre encabezada por 40 empresarios británicos para cerrar los contratos de abastecimiento, la respuesta de La Moneda no es de contención sino de complicidad confesa.
El perfil de abogado de fideicomisos y negocios transnacionales de Fernando Barros explica con elocuencia la naturaleza de su gestión: la defensa de Chile no mira la hermandad continental ni el mandato de descolonización, sino el dividendo corporativo y la sociedad táctica con la corona británica. Frente a este sinceramiento trasandino, la Cancillería argentina y el Gobierno nacional ya no tienen margen para la diplomacia tibia: o se aplican con rigor las sanciones penales de la Ley 26.659 y el bloqueo marítimo en la boca del Estrecho, o se convalida en silencio la consolidación de una tenaza anglo-chilena sobre nuestro mar austral.
