Ushuaia 23 de diciembre 2025.- En el marco del debate legislativo por el proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia, el Ministerio Público de la Defensa solicitó a la Legislatura provincial actuar con extrema prudencia y garantizar una mayor participación ciudadana antes de avanzar con una decisión de alto impacto territorial y ambiental.
El planteo fue formulado mediante una nota oficial firmada el 22 de diciembre de 2025 por el Defensor Público Oficial Federal, José Bongiovanni, quien fundamentó la intervención en el rol constitucional del organismo en la protección de los derechos humanos, ambientales y de los intereses generales de la sociedad.
En el documento, Bongiovanni advirtió que la ampliación del ejido urbano, tal como está planteada, resulta inconveniente, especialmente por el momento del año en que se impulsa y por la ausencia de instancias amplias de acceso a la información y consulta pública. Remarcó que se trata de una decisión cuyos efectos trascienden a las generaciones actuales y que, por lo tanto, requiere un debate democrático más profundo.
Asimismo, señaló que Ushuaia aún arrastra serios problemas estructurales de urbanización, con barrios que carecen de servicios básicos como gas, agua, electricidad y saneamiento, lo que vuelve contradictorio avanzar en una expansión territorial sin resolver previamente esas falencias.
El Defensor también alertó que las áreas que se pretenden incorporar al ejido incluyen glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas protegidas por legislación nacional y provincial, cuya gestión no puede limitarse al ámbito municipal. En ese sentido, recordó que el poder de policía ambiental corresponde a la Provincia y que rigen normas de máxima jerarquía legal.
Además, cuestionó la falta de respuesta técnica a las observaciones formuladas por el Colegio de Arquitectos y a los planteos de organizaciones ambientales, como la Asociación Mane’Kenk, que se manifestaron públicamente en contra del proyecto.
Finalmente, Bongiovanni sostuvo que la magnitud de los derechos en juego exige un tratamiento legislativo más participativo, informado y transparente, y concluyó que el debate actual no alcanza el estándar democrático mínimo necesario, reiterando su llamado a la prudencia antes de avanzar con la iniciativa.
