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Ushuaia 04-02-16.- En el marco del reordenamiento del Estado Provincial, la gobernadora Rosana Bertone firmó un decreto, con acuerdo de todos los ministros, disponiendo una serie de medidas para relevar y reorganizar todos los recursos materiales y humanos, con el objetivo de comenzar a dar respuesta a las necesidades de toda la sociedad y afrontar las obras de infraestructura que la Provincia requiere con urgencia.
Las medidas alcanzarán a la totalidad de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. La intención es reducir al máximo el déficit anual heredado, estimado en 1.100 millones de pesos.
Para ello se adoptarán “las medidas necesarias para el diseño, implementación y mejora de la política general de recaudación de los recursos del Tesoro Provincial”. Además, se llevará a cabo un “relevamiento integral del Estado y destino actual de la totalidad de los inmuebles”, como también de “los vehículos automotores, aeronaves, embarcaciones y maquinarias registrables de propiedad de la Provincia”.
Por otra parte, se suspenderá la vigencia de la totalidad de las adscripciones y comisiones de servicios de personal “dispuestas con anterioridad al 17 de diciembre del año 2015” en todo el ámbito de aplicación del decreto. En este sentido, también se dejan sin efecto “las reubicaciones de personal dispuestas entre el 1 de enero de 2015 y el 16 de diciembre del mismo año”.
En todos los casos, el personal afectado deberá reintegrarse inmediatamente “al área de origen en su categoría de revista”. Además se suspenderán “provisoriamente y por el plazo de 12 meses las recategorizaciones y cambios de escalafón y/o de agrupamiento del personal” de todos los organismos, así como “la realización y liquidación de horas extras, horas guardia, guardias pasivas y/o activas, y/o concepto equivalente, con excepción de aquellas tendientes a la cobertura de las necesidades en hospitales y centros de salud y limitadas exclusivamente a servicios profesionales o técnicos y otras excepciones debidamente justificadas”.
También serán suspendidos “el otorgamiento y/o entrada en vigencia de adicionales, plus o similar concepto, tengan carácter remunerativo o no remunerativo, con excepción de eventuales incrementos salariales de carácter general.
Por otro lado, el Gobierno pondrá en marcha un relevamiento de trabajadores de la administración pública, para conocer fehacientemente la cantidad de empleados que hoy prestan servicios en las distintas áreas, su situación laboral y condiciones salariales.
Se creará una Comisión Permanente Evaluadora de Certificaciones de Estudios en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, que revisará los certificados de estudios invocados por los agentes de la administración pública como requisito para el ingreso, promoción, cambio de escalafón o liquidación de suplemento adicional.
En tanto, el Ministerio de Educación deberá elevar un informe de cada establecimiento y organismo bajo su órbita, detallando la forma en que se adjudican las horas cátedra y los cargos. La mencionada cartera realizará una revisión integral de los planes de estudio vigentes en todas las modalidades y niveles, incluyendo los proyectos extracurriculares.
También se dispone un programa de racionalización del consumo de energía, que estará en cabeza de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos y se instruye a la Secretaría de Comunicación Pública para que ejecute el lanzamiento de una campaña de difusión a los efectos de concientizar a los trabajadores de los organismos públicos sobre el uso racional de los insumos de la administración.
