Ushuaia 13 de diciembre 2025.- Han pasado cuarenta y dos años desde la recuperación democrática, pero aquel entusiasmo inicial parece estar desvaneciéndose. El Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas (LAPOP), confirman un retroceso en el apoyo a la democracia en los últimos años en la Argentina.

Si bien los números son inobjetables, lo que se percibe como trasfondo es más bien una incapacidad del sistema para ofrecer resultados, cuestión que se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. En Argentina, la democracia garantiza derechos, pero no eficacia. Asegura elecciones libres y limpias, pero no políticas públicas sostenibles.

Desde 1983, la reconstrucción institucional tuvo como objetivo desmantelar el Estado burocrático autoritario heredado de la dictadura. Sin embargo, en ese proceso se fue consolidando una grave distorsión: la cooptación del Estado por parte de los dirigentes y partidos gobernantes. Lo que nació como democratización terminó derivando en patrimonialización, en términos de Max Weber. Cada gobierno —unos más, otros menos— llenó el aparato público con militantes o familiares propios, la gran mayoría de las veces sin concursos ni evaluación de mérito.Esta dinámica se observa en el estado nacional, pero sobre todo y de manera mucho más aguda en los estados provinciales y municipales, donde el Estado se convirtió en la principal fuente de empleo y de poder, y en donde la colonización política es aún más profunda. Los aparatos locales funcionan como redes de supervivencia económica y electoral. El resultado es un aparato público grande en tamaño, pero pequeño en eficacia: se gasta mucho para sostenerlo, pero se obtiene poco de él. Un Estado caro e ineficiente, que termina debilitando la fe democrática que debía sostener.

En ese contexto, la figura de Javier Milei irrumpió en 2023 como síntoma más que como causa. Su “motosierra” al Estado fue el símbolo perfecto de un hartazgo acumulado. Milei no inventó la indignación social hacia el estado: la canalizó. Su discurso de ajuste estatal conectó con un sentimiento extendido de que la democracia se volvió un sistema costoso y poco útil para las mayorías. Un aparato capturado por la política partidista, que actúa en su solo beneficio, hizo en definitiva que el reclamo de “achicarlo” dejara de ser ideológico y se volviese transversal.

Paradójicamente, la promesa de destruir al Estado nació del fracaso de quienes lo usaron como botín. Es decir, la motosierra fue hija directa de la ineficacia democrática. El propio Milei se convirtió en portavoz de una bronca que las fuerzas tradicionales no supieron o no quisieron escuchar: la de una ciudadanía que no rechaza la democracia, pero sí a la forma en que fue gestionada.Sin embargo, hasta ahora, el ajuste del Estado promovido por Milei se ha concentrado casi exclusivamente en el nivel nacional, recortando ministerios, organismos y transferencias. Mientras tanto, las estructuras provinciales y municipales —donde se concentra gran parte del gasto público y del empleo estatal— siguen prácticamente intactas. Es decir, la motosierra no ha llegado al corazón del problema: la hipertrofia político-administrativa que caracteriza al federalismo argentino. En buena medida, la raíz de la ineficacia estatal está allí, en esos niveles de gobierno donde la rendición de cuentas es más débil y las prácticas clientelares más continuas y persistentes.

Guillermo O’Donnell advertía que las democracias delegativas tienden a vaciarse cuando los ciudadanos eligen, pero no controlan. En Argentina, ese control se desdibujó en todos los niveles, pero sobre todo en los territorios, donde el Estado es al mismo tiempo patrón, empleador y árbitro. En ese vacío, emergió la antipolítica como fuerza de atracción, incluso en provincias y municipios fuertemente patrimonializados.

Otro gran pensador de la política y el estado, Norberto Bobbio, sostenía que el talón de Aquiles de toda democracia moderna no es su legitimidad, sino su eficacia. Tenía razón. La democracia argentina no perdió legitimidad: perdió credibilidad. Y esa pérdida no fue producto del autoritarismo, sino de su propio mal desempeño.

 

Reabrir el debate sobre la eficacia democrática significa repensar el tamaño, el rol y la profesionalización del Estado, implica romper la endogamia institucional y volver a construir confianza a través de resultados. La discusión no es entre Estado grande o chico, sino entre Estado eficaz o inútil.

La democracia argentina no peligra como antaño ante la posibilidad de un golpe, sino por la indiferencia que genera la ineficacia democrática. Su crisis no es de legitimidad, sino de rendimiento. Si no logra recuperar eficacia —si no vuelve a demostrar que sirve para mejorar la vida de las personas—, seguirá existiendo, sí, pero como una forma vacía, sostenida más por el desencanto que por la convicción.