Ushuaia 17 de julio 2021.- El marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial recibió el aval de la Cámara alta con 56 votos a favor y 5 en contra y 1 abstención, con el apoyo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio mientras que otros senadores de ese interbloque opositor votaron en contra.

Los senadores nacionales que votaron en contra son: Laura Machado Rodríguez (JxC-Córdoba); Julio Cobos y Pamela Verassay (JxC-Mendoza); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); Alfreo de De Angelis (JxC-Entre Ríos); mientras que y una abstención: Víctor Zimmermann (JxC-Chaco).

Al cerrar el debate que se extendió por más de un hora y media, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) aseguró “Lo más importante es que en un estudio de la UBA se afirma que en un desarrollo a mediano plazo en la República Argentina se puede generar 10 mil puestos de trabajo y un mercado de interno de unos 500 millones de pesos anuales a mediano plazo, lo que es una gran noticia y muy necesario”.

“Vamos a estar generando una nueva industria, trabajo y producción nacional que nos une a todos los argentinos como un objetivo común”, cerró la legisladora mendocina.

 

Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.

En el texto se destaca, también, que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.

La iniciativa del Ejecutivo contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.

 

Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.

Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.

Fuente: El Parlamentario