El legislador Pablo Blanco (UCR), presidió un encuentro de la Comisión 6 –Justicia y Seguridad- donde se abordó la presentación de iniciativas que buscan la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aclaró “que no se pide una ampliación presupuestaria, sino que en el marco de la reforma y puesta en vigencia del nuevo Código Contravencional”, entonces se deberá incluir en el ámbito del Presupuesto. También, manifestaron la necesidad de creación de un juzgado de menor cuantía en Tolhuin.
En este sentido, el Dr. Javier Muchnik coincidió con el titular de la Comisión 6, y sentenció que “como consecuencia de la sanción del Código, del año pasado, automáticamente se presentó la necesidad constitucional de generar un proyecto de ley para hacer frente a la instrumentación”. El magistrado anunció que se trabajó en el análisis de la normativa y la necesidad de “su implementación con operadores que la puedan llevar adelante”, en ese ámbito.
De acuerdo a los resultados de dicho análisis, Muchnik evaluó que “al comprender a la Provincia, en sus ciudades mayores en materia contravencional”, se generó la iniciativa. Y evaluó, que ello depende “de la propia estructura del Código, que prevé un sistema procesal normalmente denominado acusatorio formal”. Dijo que se demandan “las herramientas adecuadas” para llevarlo adelante.
Para ello, se determina en la propuesta “un juez contravencional en Ushuaia; otro en Río Grande; un secretario que da fe de las actas; un fiscal; un defensor y una mínima estructura” administrativa para cada uno de ellos. También, anunció que, dentro del proceso novedoso que instrumenta la Ley Provincial 1024, “también se prevé un mediador más por cada una de las ciudades”. Refirió a “necesidades mínimas de arranque, a la hora de hacer frente a la instrumentación del Código”, consideró.
En este sentido, Pablo Blanco consultó, que de contar con la partidas presupuestarias acordes, qué tiempos de funcionamiento prevén para dichos juzgados. Muchnik, entendió que, al no fijarse un plazo específico “siempre se apela al principio de razonabilidad”. La estructura, de acuerdo a la importancia que le ha otorgado la Legislatura, “requiere de las herramientas que se dispongan para su implementación, sean debidamente adecuadas”, sostuvo.
En otro orden, refirió a una iniciativa que pretende “hacer pie en la ciudad de Tolhuin” y parte de la instalación de la Casa de Justicia en el centro fueguino. Se trata de un “ámbito propicio para pacificar y mediar entre conflictos vecinales” y concibió que la realidad tolhuinense refleja un crecimiento exponencial y que “hay una conflictividad propia”; que los ciudadanos corresponden al distrito judicial norte Río Grande. “Cada vez que necesitan de una situación de servicio de Justicia, deben trasladarse 200 kilómetros”, recordó.
De este modo, buscan el fortalecimiento del sector: “Es una necesidad y la Corte Interamericana de Justicia dijo que el acceso al servicio, ya es un derecho humano básico”. Institucionalmente, el Poder Judicial entiende que Tolhuin es una comunidad madura, “estamos en condiciones de abrir allí un juzgado que tenga competencia múltiple”, aseveró a los Parlamentarios.
En diálogo con Prensa Legislativa, el legislador Juan Arcando (FPV) entendió que -desde su bancada-, “se coincide con lo que plantea el STJ sobre cómo deben generarse o modificarse su estructura, queda pendiente definir los plazos” para su implementación. En este sentido, refirió al artículo 7 de la iniciativa emitida por esa repartición.
Arcando, adelantó que el articulado se debatirá en el seno de la Comisión de Justicia y se esperanzó en que acceda al recinto de sesiones, “en caso de lograr los consensos necesarios”. Desde su mirada, el Parlamentario se mostró a favor de “dejar la instrumentación, dentro de los plazos que propone la Justicia hasta que se terminen de conformar las estructuras”.
