Ushuaia 15 de septiembre 2025.- En diálogo con El Cronista Urbano, el abogado Jorge Pintos, especialista en derecho y cibercrimen, analizó la polémica decisión judicial en la causa que involucra al camarista Leonelli, acusado de tener en su poder material de abuso sexual infantil.

Pintos fue categórico: “Acá no hay ninguna duda: técnicamente el delito existe. El solo hecho de poseer material de pornografía infantil está penado por el Código Penal”.

El letrado explicó que la jueza Barrionuevo resolvió rechazar el requerimiento de instrucción fiscal por inexistencia de delito, lo que a su entender constituye una aberración: “Las propias pruebas demuestran que los archivos existieron y que estaban en la computadora del juez. No puede cerrarse una causa cuando está acreditado que el hecho ocurrió”.

Asimismo, Pintos señaló que el rechazo del requerimiento fiscal no equivale a un sobreseimiento firme: “Esto no causa estado. La investigación puede reabrirse si aparecen nuevas pruebas o si se corrigen los errores cometidos. Lo grave es que la jueza tuvo en sus manos todos los elementos que confirmaban la existencia del material y aun así archivó la causa”.

Respecto al rol del Ministerio Público, advirtió que la fiscalía actuó de manera irregular: “Esta no era una causa para la fiscal de género. Por tratarse de un caso de ciberdelito, debía intervenir el fiscal mayor, que es el único con capacitación en la materia. Ese error de procedimiento es gravísimo y demuestra un manejo arbitrario”.

El abogado también cuestionó la conducta del magistrado investigado: “El solo hecho de sacar material reservado de la justicia y guardarlo en su nube personal es una irregularidad enorme. Fue esa acción la que generó la pérdida de pruebas sensibles y puso en riesgo la seguridad de las víctimas”.

En cuanto a las responsabilidades institucionales, Pintos sostuvo que el caso expone la falta de transparencia del Poder Judicial: “Este es un bochorno para la sociedad fueguina. La resolución deja muchas preguntas sin respuesta y genera la sensación de impunidad. La justicia está siendo mirada con desconfianza y con razón”.

Además, apuntó directamente contra el Consejo de la Magistratura: “El organismo tiene la obligación de intervenir de inmediato. No puede mirar para otro lado frente a un escándalo de esta magnitud”. En ese sentido, recordó que ya se presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los jueces Leonelli y Fernández, quienes son socios en un fideicomiso privado: “Ese vínculo comercial es incompatible con la función judicial y demuestra un conflicto de intereses intolerable. Ambos deben ser apartados y juzgados”.

Finalmente, Pintos remarcó que el descrédito del Poder Judicial no se resolverá con silencios: “La sociedad necesita que se esclarezca este caso y que quienes faltaron a la ética y a la ley respondan en consecuencia. Si no, el mensaje es que la impunidad se protege desde adentro mismo de la justicia”.