Ushuaia 27 de agosto 2025.- La representante del colectivo de personas con discapacidad, María José Pazos, aseguró que el reciente encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego y parte de su gabinete cedió como consecuencia de la presión sostenida de familias y organizaciones. “Esto se genera a raíz de la movilización del 11 de agosto y de los reclamos constantes que venimos presentando. Necesitábamos escuchar de boca de los responsables si estaban al tanto de lo que estaba pasando y si estaban tomando alguna acción concreta”, explicó.
Durante más de cuatro horas, en una reunión que calificó de inédita por la falta de antecedentes en las dos gestiones del actual gobierno, Pazos y otros referentes expusieron problemas que afectan a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo de las personas con discapacidad. Denunció que el acceso a prestaciones de la obra social provincial OSEF está condicionado por deudas millonarias del Estado y por una atención “llena de barreras actitudinales”. “No somos nosotros los deudores. El responsable de garantizar los derechos es el gobierno, y las deudas deben reclamárselas a ellos, no a las familias”, subrayó.
Entre las urgencias planteadas mencionó la falta de combis adaptadas para el traslado de estudiantes y pacientes, las demoras en la entrega de medicamentos e insumos esenciales y la inaccesibilidad de las sedes donde se realizan las juntas médicas. “Si no se cubre la medicación de alto costo o no se garantiza el transporte, la vida de muchas personas se pone en riesgo. Son cosas que a veces se resolverían con voluntad y gestión, pero que hoy están trabadas”, señaló.
Pazos criticó la falta de perspectiva en discapacidad en todas las áreas de gobierno, advirtiendo que el presupuesto provincial debe contemplar esta mirada de forma transversal. “Nuestra población crece, y quienes pierden la pensión por no cumplir el 66% de incapacidad laboral tampoco acceden a empleo. Eso genera un cuello de botella gravísimo”, indicó.
La dirigente también apuntó a la contradicción entre la falta de fondos para necesidades básicas y la posibilidad de destinar recursos a proyectos políticos. “Para eventos o reformas constitucionales parece que sí hay dinero, pero para garantizar derechos esenciales, no”, cuestionó.
Finalmente, aseguró que las organizaciones seguirán presionando para que los compromisos asumidos no se diluyan. “Así como estuvimos ayer, vamos a estar todas las veces que sea necesario. No solo llevamos problemas, también proponemos soluciones. Pero necesitamos coherencia y acción”, concluyó.
