Ushuaia 05 de junio 2025.- En el marco de una causa judicial por protección ambiental, se llevó a cabo un monitoreo en distintos puntos del Canal Beagle y la bahía de Ushuaia para evaluar el impacto de los efluentes cloacales sobre el ecosistema marino. La tarea fue realizada por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos (DPOSS), con la participación del Fiscal Mayor interino de Ushuaia, Fernando Ballester Bidau.

La inspección forma parte del Plan de Remediación Ambiental Ushuaia (PRAU) y responde a una sentencia judicial dictada en 2014, que obligó al Gobierno provincial a reparar el sistema cloacal y dotar a la ciudad de infraestructura adecuada para frenar el grave daño ambiental causado por los vertidos sin tratamiento.

El monitoreo se desarrolló en áreas sensibles como las inmediaciones del Aeropuerto, cercanías del dispersor marino e Isla Dos Lomos, así como en la desembocadura del Arroyo Grande, al este de la bahía. Además, se tomaron muestras de referencia en zonas no afectadas, como Bahía Ensenada (Parque Nacional), Playa Larga y Estancia Túnel.

“El objetivo fue recopilar datos sobre la química ambiental del medio acuático y establecer una línea de base para evaluar la evolución del ecosistema”, explicó el fiscal Ballester Bidau. Los estudios compararon la diversidad y abundancia de especies en zonas impactadas por los vertidos cloacales con otras libres de contaminación.

Según el informe final de la DPOSS presentado en mayo de 2024, los resultados muestran diferencias significativas en las comunidades biológicas entre las zonas afectadas y las no impactadas. “Se ha verificado la existencia de un impacto biótico como consecuencia de los vertidos en ambas cuencas”, indicó el documento.

Si bien el informe señala que el efecto contaminante es principalmente localizado, advierte que el crecimiento poblacional y el aumento de la actividad turística podrían agravar la situación en el futuro. “El impacto directo se limita a unos pocos kilómetros, pero ya hay señales de presión ambiental en los extremos del área analizada”, detalló el fiscal.

La sentencia también obliga al municipio de Ushuaia a remediar el lecho submarino y las costas de las bahías Encerrada y Golondrina, donde también se registran impactos por el vertido de aguas sin tratamiento.

El PRAU contempla una serie de obras cloacales orientadas al saneamiento ambiental y busca revertir años de deterioro ambiental en una de las zonas naturales más emblemáticas del sur del país.