La presentación apunta al concejal Javier Branca y a Maximiliano Rijo, presidente de la cooperativa “Nuestro Techo” y asesor del edil. La denuncia fue realizada por la subsecretaria de Vivienda municipal, bajo la representación legal de Solange Verón y Fabiana Ríos.
Según los datos que surgen de la denuncia, los hechos se desencadenaron luego de la última marcha de Ni Una Menos, donde se vio a la funcionaria municipal con un cartel en el que se leía “No más violentos en nuestras cooperativas”.
Se desprende del escrito judicial que Javier Branca utilizando como intermediario a Maximiliano Rijo habría amenazado en varias oportunidades a la denunciante con difundir información que la perjudicaría en su esfera laboral, personal y familiar, si no accedía a las peticiones exigidas. Yanira Martínez Ortiz, es subsecretaria de Vivienda, fundadora de la cooperativa “Mujeres Cooperativistas” e integrante de la Cooperativa “Nuestro Techo” de la que fue presidenta en dos oportunidades y cuyo titular actual es Maximiliano Rijo.
Martinez Ortiz manifestó en el escrito que entre las peticiones exigidas por Branca, se encuentra la desvinculación de ambas cooperativas y de todas las actividades vinculadas con el barrio. “Correte de su órbita” le habría dicho Rijo, asesor del concejal.
Además, dentro de las demandas se encontraba la entrega de documentación específica, hecho al que accedió por temor luego de que descubriera que alguien había aflojado los tornillos de las ruedas de su auto, según el relato de la subsecretaria.
“Insistió Rijo en que si yo no renunciaba al ámbito del cooperativismo y a todos los espacios de militancia que compartía con Branca, el me perjudicaría, tanto en mis relaciones familiares, laborales, sociales, comunitarias, como en las políticas.” se lee en un tramo de la denuncia.
El fiscal Arias, quien interviene en la causa, ya elevó el requerimiento al juzgado de Instrucción N°2 a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo. Lo que implica una solicitud de investigación de los hechos.
La denunciante presentó 5 testigos, 4 son mujeres y solicitó una pericia psicológica con perspectiva de género para evaluar el perfil de Branca. Además pidió medidas cautelares, como el cese de cualquier acción perturbadora directa o indirecta y la prohibición de acercamiento.