Ushuaia 17 de septiembre 2025.- El Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia, a través de su secretario seccional en Ushuaia, Pedro Leonardo Brangeri, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Estado advirtiendo sobre presuntas irregularidades en la adquisición de combustible por parte de la Dirección Provincial de Energía (DPE).
En el escrito, Brangeri puso en conocimiento de las autoridades que existirían serias sospechas de que el combustible adquirido por el organismo habría sido entregado a la empresa Sullair S.A., con la que la DPE no tendría vínculo contractual alguno.
“El combustible estaría siendo destinado a un tercero ajeno al organismo, lo que transforma la operación en una erogación sin causa jurídica válida y con apariencia de desvío de fondos públicos”, señaló el dirigente sindical en la presentación.
Según la denuncia, estas maniobras podrían configurar delitos contra la administración pública, tales como administración infiel o malversación, ya que implicarían “un uso indebido de recursos presupuestarios que deberían destinarse al cumplimiento de las funciones propias del ente”.
Brangeri además advirtió que este tipo de prácticas “ponen en riesgo el financiamiento y funcionamiento de la DPE, al comprometer recursos sin respaldo legal ni contractual”.
El sindicato informó también que la situación fue notificada de manera simultánea al Tribunal de Cuentas de la Provincia, dado que podría existir un presunto perjuicio fiscal.
En el petitorio presentado, Luz y Fuerza solicitó:
-
La inmediata investigación penal y/o administrativa de los hechos denunciados.
-
La recolección de documentación e informes que permitan determinar el circuito de fondos y la existencia (o no) de relación contractual con Sullair S.A.
-
La evaluación de la posible configuración de delitos contra la administración pública.
-
El deslinde de responsabilidades respecto de los trabajadores que pudieran verse involucrados.
De esta manera, el gremio reclamó la urgente intervención de la Fiscalía de Estado para esclarecer la situación y resguardar los intereses del patrimonio público provincial.
