Ushuaia 04 de marzo 2026.- Un vecino de Ushuaia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Estado de la Provincia contra el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Pablo Gustavo Daniel López Silva, y contra integrantes del equipo de gestión de esa cartera, por presuntas irregularidades en la reincorporación de un docente previamente exonerado de la administración pública.
La presentación fue realizada por Luis Ángel Santacruz, quien solicitó que se investiguen posibles delitos vinculados a defraudación contra la administración pública, estafa y malversación de fondos, en relación con la situación del docente Marcos Donato Ferreyra, DNI N° 28.637.523.
Según detalla la denuncia, Ferreyra fue exonerado mediante el Decreto Provincial N° 3004/2015, que dio por finalizado un sumario administrativo iniciado por el Decreto N° 2305/2013, donde se le atribuyó responsabilidad administrativa. Posteriormente, en 2018, a través del Decreto N° 1371/2018, se reanudaron los efectos de esa sanción.
Sin embargo, el 9 de mayo de 2025 se dictó el Decreto Provincial N° 1303/2025, mediante el cual se le otorgó la rehabilitación. De acuerdo con lo planteado en la denuncia, esa rehabilitación no implica el restablecimiento automático de la relación laboral anterior, sino que elimina el impedimento para que pueda generarse un nuevo vínculo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el estatuto docente y los mecanismos de ingreso a la administración pública.
El denunciante sostiene que Ferreyra fue incorporado en dos cargos de Maestro de Enseñanza Práctica (MEP) en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de Ushuaia, y que percibe haberes desde el 19 de mayo de 2025. Asimismo, afirma que no constaría la efectiva prestación de servicios desde esa fecha, situación que —según indica— habría sido verificada en el sistema de liquidación TerCop.
En la presentación también se cuestiona la actuación de la Subsecretaría de Recursos Humanos, señalando que el alta del docente se habría producido en cargos que ya estaban ocupados por otros docentes titulares o interinos. A criterio del denunciante, estas actuaciones podrían vulnerar principios de legalidad, transparencia y eficacia administrativa establecidos en la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo y en el Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por Resolución M.T. y E. N° 425/22.
Por todo ello, se solicitó al Fiscal de Estado que tome intervención, promueva una investigación administrativa para esclarecer los hechos, verifique el cumplimiento del marco legal en la reincorporación del docente y determine eventuales responsabilidades administrativas de las autoridades ministeriales involucradas.
